"Sería un alzamiento contra una ley"

El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó ayer que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender "más allá del 7 de diciembre" la medida cautelar, que permite al grupo Clarín no cumplir plenamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, implicaría "un alzamiento contra una ley de la Nación y generaría un conflicto de poderes".
"La ley en 48 horas estará en estado de plena aplicación. La posibilidad de que la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial pretenda extender la cautelar más allá del 7 de sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, y una burla a la voluntad popular, y generaría un conflicto de poderes", dijo Alak en una rueda de prensa en el ministerio de Justicia.
Agregó que "no puede alzarse la cámara contra el Poder Ejecutivo prorrogando una medida cautelar sin lógica jurídica ni política".
La Corte Suprema en su fallo del 22 de mayo del 2012 estableció el 7 de diciembre cómo último día para la cautelar, que marcará el inicio de la aplicación plena de la Ley de Medios.
El ministro afirmó que el Estado "sufrió una denegación de justicia porque la causa que inició el Grupo Clarín fue tomada por un fuero (el Civil y Comercial) que no es competente", y recordó que la ley la votó el Poder Legislativo y se sancionó hace 3 años y 58 días, sin que aún se haya podido aplicar plenamente por las "chicanas judiciales" de Clarín.

Clarín.
"El fuero competente es el Contencioso Administrativo, porque es así cuando el Estado es parte, pero el Grupo Clarín buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado. Esta es la primera irregularidad que encontró el estado Argentino".
Recordó en este marco que la medida cautelar para Clarín la dictó un juez de ese fuero Civil y Comercial "13 días antes de su jubilación", en referencia al juez Edmundo Carbone, e incluso señaló que ese mismo juez regresó un año después de su jubilación permitiendo acciones dilatorias de Clarín.
Incluso, mencionó que en clara violación de la ley de subrogancias, primero con el regreso de Carbone, se designó luego al juez jubilado Raúl Tettamanti para dictar sentencia respecto a la cautelar de Clarín.
Alak, que estuvo acompañado del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales y del senador oficialista Marcelo Fuentes, lamentó que "recién hace dos meses el Estado argentino tiene un juez natural (Horacio Alfonso), designado respetando la ley de subrogancias, para decidir en cuanto a la causa de fondo presentada por Clarín, que plantea la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de Medios.

Recusaciones.
El ministro denunció asimismo que el gobierno "ha advertido en las últimas 48 horas extrañas resoluciones de la Cámara Civil y Comercial", que "no tuvieron en cuenta las recusaciones de jueces presentadas por el Estado", y afirmaron que se trata de un caso "alarmante" porque "ni se preocupó el fuero en investigar si la denuncia del Estado era real".
Alak se refería a la decisión de la Cámara de haber desestimado ayer la recusación presentada por el Estado nacional en relación a los camaristas Francisco de las Carreras y Graciela Medina, por sus vínculos con el grupo Clarín.
En el caso de Medina, la recusación se basa en que el marido de la magistrada, Julio César Rivera, posee entre sus principales clientes a la empresa Cablevisión; mientras que De las Carreras está siendo investigado penalmente por su participación de un Congreso en Miami, organizado y financiado por Certal, una organización que integra Cablevisión, del grupo Clarín.
Al respecto, el consejero Ordiales señaló que "estas razones son claramente motivo de recusación", y consideró que "ante ellas el juez debería apartarse".
Alak denunció que con este contexto, "el Estado no tiene la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces", e informó que por ese motivo el Estado presentó un pedido de "revocación y nulidad" contra la resolución de la Cámara. (Télam y NA)