Impulsan investigación contra Moyano

El fiscal federal Gerardo Di Masi pidió ayer que se investigue si el secretario general de la CGT, Hugo Moyano y su hijo Pablo, adjunto del gremio de Camioneros, cometieron los presuntos delitos de amenazas coactivas y entorpecimiento de servicios públicos, al impedir la distribución de combustibles.
El fiscal, en el marco del impulso de la medida, solicitó la producción de medidas de prueba en la denuncia penal promovida por el Ministro de Interior y Tranporte, Florencio Randazzo, aunque aconsejó al juez federal Sergio Torres que, antes que cualquier otra medida, resuelva sobre su competencia en la causa.
"Primero habrá que determinar dónde se habría cometido el ilícito denunciado, porque ello marcará la competencia territorial y el magistrado que debe intervenir", indicaron fuentes cercanas a la fiscalía.

Denuncia.
Di Masi respondió de esa manera a la "vista" que le confirió Torres para que formulara el requerimiento de instrucción en la causa promovida el jueves por Randazzo.
Randazzo denunció al titular de la CGT y a su hijo en orden a los artículos 149 bis y 149 Ter del Código Penal, que establecen penas de hasta 10 años de prisión para quien se vale de amenazas para obtener medidas o concesiones.
La conducta de los denunciados también encuadrada en el artículo 194 de Código Penal, que reprime a quienes obstruyeren u obstaculizaren el funcionamiento de transportes o servicios públicos.

Abuso del derecho.
La denuncia consignó que los reclamos realizados por el gremio de los camioneros "hasta el extremo de causar el desabastecimiento de los combustibles" dejaron en evidencia que se trató de "un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico".
Agregó que "estas medidas son empleadas con el claro propósito de ejercer compulsión en miras a obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos".
Otra denuncia vinculada con la medida de fuerza del gremio que durante horas obstruyó el transporte de combustibles fue promovida por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido contra el titular de Fadeeac, Luis Morales y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
De Vido, quien fue citado para el próximo martes para que ratifique su denuncia, sostuvo que Morales, mediante un lock out patronal, violó la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

La postura de Macri.
El jefe del gobierno porteño Mauricio Macri apoyo el paro y movilización convocado por el titular de la CGT, Hugo Moyano, y opinó su expectativa de que la huelga "del miércoles sirva para que se corrija el rumbo" del Gobierno.
Durante su visita a una exposición rural AgroActiva en la provincia de Santa Fe, Macri expresó a los medios presente que el paro convocado por la CGT es "un llamado de atención para la Presidenta".
El jefe comunal atribuyó los problemas a "la inflación" y llamó a aprovechar la situación global: "El mundo está demandando nuestros productos y seguimos teniendo una gran oportunidad de cara al futuro, pero para aprovecharla hay que poner en marcha el país y eso se logra trabajando en equipo y no enfrentándonos unos con otros".

¿Un pacto?
El legislador porteño Juan Cabandié denunció ayer la existencia de un pacto entre el jefe
de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y el líder de la CGT y el gremio camionero, Hugo Moyano; que se consolidó a través de un proyecto enviado a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, en el que propone una ampliación del presupuesto para la recolección de residuos, beneficiando así al sindicalista.
"Hay una alianza política entre Macri y Moyano que va a perjudicar a todos los ciudadanos de la Ciudad", dijo el titular del bloque del FpV. (Télam)