"El fallo recompensa a fondos buitre"
El gobierno de Francia alertó a la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el negativo "impacto mundial" que podría tener el fallo de Thomas Griesa a favor de los "fondos buitre" que, de ser confirmado, implicaría una señal de "aliento y recompensa" a la actitud de estos fondos especuladores.
El ministerio de Economía de Francia a través de su página web confirmó el viernes que ingresó el "amicus" a la mesa de entrada de la Corte Suprema de EE.UU., que respalda la posición de la Argentina contra los fondos buitre y rebate muchos argumentos vertidos en el fallo de Griesa, y que fueron avalados en segunda instancia.
Para Francia, "los fondos buitre", así los denomina, "deliberadamente adoptan una falta de cooperación durante el proceso de reestructuración... aunque este comportamiento debe ser desalentado, es decididamente alentado y recompensado por el remedio cautelar confirmado por el Tribunal de Apelaciones", se quejó.
Impacto.
También alertó del impacto en los contratos financieros de todo el mundo, para justificar el tratamiento del caso por parte de la Corte Suprema de EE.UU., al punto que consideró a la ley de Nueva York como "un servicio público internacional".
Dijo Francia: "la ley de Nueva York es tan ampliamente utilizada en finanzas globales que no es exagerado caracterizarla como un servicio público internacional".
Agregó que "el alcance de la decisión del Tribunal de Apelaciones es tan amplia que también puede afectar a los acreedores cuyos bonos no se rigen por la ley de Nueva York".
Argumento.
Asimismo, el país galo contradijo el argumento de los buitres aceptado por el Tribunal neoyorquino, de que "la reestructuración de deuda pública griega en 2012, ha sido citada por los demandantes como un ejemplo donde los acreedores holdout no tuvieron un efecto perjudicial en la reestructuración voluntaria".
Francia cruzó estos dichos considerando que "esto no es exacto. (...) Los holdouts en realidad bloquearon la reestructuración de Grecia; de treinta y seis bonos que se regían por ley extranjera (inglesa) que contienen cláusulas de acción colectiva (CAC) y que eran elegibles para el canje de deuda, sólo diecisiete bonos pudieron ser exitosamente reestructurados".
Las CAC son cláusulas que permiten modificar ciertas condiciones de bonos con mayorías, y fueron utilizadas como argumento de los buitre de que el fallo de Griesa contra el país no tendría impacto en otros reestructuraciones.
Escrito.
Algunos de los párrafos más relevantes del escrito al que tuvo acceso Télam fueron:
"Como participante activo y destacado en la comunidad financiera, la República de Francia tiene un interés sustancial en cuestiones relacionadas a la estabilidad financiera internacional y soberana mundial los mercados de crédito".
"En su decisión de 26 de octubre de 2012, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que la decisión de República Argentina de pagar sólo a los titulares de los bonos de cambio del canje constituyen una violación de cláusula pari passu... esta decisión se basa en una comprensión errónea del significado de las cláusulas pari passu y contradice la corriente principal bien establecida en la comprensión del mercado".
El Tribunal de Apelaciones dictó una decisión que amenaza la estabilidad financiera internacional.
A pesar de que no habla aquí en nombre del Club de París, Francia, como un antiguo y miembro activo del mismo, ha participado en el desarrollo y la aplicación de los principios del Club de París en la guía de reestructuraciones soberanas ordenadas desde 1956; en consecuencia Francia desea señalar a la atención de la Corte a las consecuencias adversas que la decisión del Tribunal de Apelaciones tendrá en este aspecto.
Tendrá un efecto de desestabilización sobre la capacidad de un deudor soberano de participar en la reestructuración ordenada de la deuda y negociada como un último recurso para evitar default cuando la deuda del soberano se ha considerado insostenible.
Como uno de los mayores prestamistas soberanos en el sistema financiero internacional, Francia tiene importante exposición a prestatarios soberanos, y en particular a los países en desarrollo como parte de su programa oficial de ayuda al desarrollo.
Argentina suma respaldo.
Argentina recibió el respaldo de nuevos actores por la causa que libra el país contra los fondos buitres en EE.UU., con la presentación efectuada el viernes de recursos Amicus Curiae ante la Corte Suprema de ese país por parte de la Caja de Valores argentina, y el 93 por ciento de los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.
Entre ellos se encuentran Exchange Bondholder Group, Fintech y los denominados Euro Bondholders.
La Caja de Valores hizo saber el viernes pasado a la Corte Suprema de los Estados Unidos su posición con relación a la sentencia que condenara a la Argentina por violación de la cláusula pari passu a través de sus abogados Raul R. Herrera y Ramon Marx, de la firma Arnold and Porter.
Revertida.
Los letrados opinaron que la sentencia de la Cámara de Apelaciones del pasado 26 de octubre debía ser revertida por la Corte Suprema.
Entre sus argumentos, la Caja de Valores consideró que "la orden dictada por la Cámara del Segundo Distrito es una decisión sin precedentes que ignora los límites territoriales impuestos por la FSIA a la jurisdicción de los jueces americanos, ya que alcanza a activos que se encuentran fuera del territorio de ese país".
Sostiene que la orden "agravia también la presunción de territorialidad de la referida ley sostenida en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema y otros tribunales americanos", e invoca un posible "riesgo de disrupción del mercado de bonos internacionales y del sistema de pagos".
EGB.
Por su parte, el Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y los Euro Bondholders también presentaron sus Amicus ante la Corte Suprema para acompañar la posición de Argentina.
El EGB, que representa a un grupo sustancial de fondos e instituciones financieras de los Estados Unidos, con derecho a cobrar servicios de deuda de la Argentina por más de U$S1.500 millones, destacó una vez más la necesidad de que la orden confirmada por la Cámara de Apelaciones debía ser revertida por el superior tribunal estadounidense.
Al respecto, entendieron que "la orden era una violación sin precedentes de la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, FSIA por sus siglas en inglés) en tanto una corte de los Estados Unidos está intentando coercionar a otra nación para que use sus recursos soberanos para fines prohibidos por su propia normativa local y por sus principios de orden público, siendo así privada del control de sus propios recursos". (Télam)
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