Advierten sobre “derrumbe la memoria”

El Observatorio “Memoria y Justicia” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó como un “derrumbe de la memoria”, a raíz del proceso de degradación que afecta al Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado en el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

 

El jueves pasado, la entidad académica alertó sobre el deterioro de ese espacio protegido como Monumento Histórico Nacional, declarado bien cultural del Mercosur y reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y reclamó medidas urgentes para garantizar su preservación.

 

“Imperativo”.

 

En un comunicado, el Observatorio sostuvo que resulta “imperativo” salvaguardar tanto el lugar como sus archivos históricos, los cuales contienen los testimonios de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina entre 1976 y 1983.

 

“En tanto parte integrante de la comunidad académica y en mérito a la altísima responsabilidad que le cabe en su labor, el Observatorio considera que la preservación del Sitio de Memoria ESMA debe atender exigencias internacionales y compromisos del Estado argentino”, remarcó el organismo.

 

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente alerta por parte de organismos de derechos humanos, investigadores y familiares de víctimas del terrorismo de Estado ante una presunta falta de políticas de conservación activa y de continuidad institucional en el espacio ubicado en el barrio porteño de Núñez.

 

Recorte.

 

Página 12 recordó que días atrás, el Gobierno de Milei anunció la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría y un recorte del 40 por ciento de su estructura y un 30 por ciento de su plantilla.

 

El jueves, el Poder Ejecutivo dispuso a través de dos decretos la reestructuración del museo y del Archivo Nacional de la Memoria, que dejan de funcionar como organismos descentralizados y pasan a ser “unidades organizativas” dentro del CIPDH, un organismo que fue creado por ley en 2010 a través de un acuerdo con la Unesco y que actualmente está acéfalo. Todo indica que quedaría en manos de Ana Belén Mármora, una activista antiderechos.

 

El gobierno de Milei y su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, eligió el 22 de mayo para publicar los decretos, el mismo día en el que se hizo un encuentro para recordar la inauguración del museo que dispuso en 2015 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Repudio.

 

Tras conocerse la medida, los Organismos de Derechos Humanos expresaron su "más absoluto repudio" y denunciaron que se trata de "un nuevo y grosero avance de Javier Milei sobre las políticas públicas de derechos humanos y sus trabajadores".

 

En un comunicado indicaron que con "excusas mentirosas", el Gobierno busca "borrar la memoria colectiva del genocidio que padeció nuestro pueblo en la historia reciente y continuar con los despidos de cientos de trabajadores y trabajadoras". Además, sostuvieron que es parte de “la estrategia" de destruir la memoria: "Vaciamiento con que procuran desmantelar espacios vitales, pilares en el sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que llegaron a convertirse en políticas de Estado, y en un reaseguro para las instituciones democráticas", agregaron. (NA)