Asesinato de Gabriel González: "Gravísima violación de DD.HH."

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ), rama nacional de la Asociación Americana de Juristas --organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y representación permanente ante la ONU-- expresó su "más enérgico repudio" por el asesinato de Gabriel González, trabajador de la construcción y vecino del barrio porteño de Villa Lugano, ocurrido el pasado 25 de diciembre durante un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Según describieron, y de acuerdo con "las imágenes y testimonios de difusión", González fue ejecutado por un agente policial mientras otros efectivos lo golpeaban, en el marco de un forcejeo en el que la víctima "intentaba proteger a su hijo".

 

Página 12 informó que en ese mismo episodio, la policía hirió de bala a la pareja de González, quien permanece internada en el Hospital Grierson, detenida, incomunicada y acusada de resistencia a la autoridad.

 

Gatillo fácil.

 

Para la AAJ, se trata de un caso que "reúne de manera inequívoca las características propias del gatillo fácil" y que constituye "una gravísima violación a los derechos humanos fundamentales".

 

El medio citado detalló que en el comunicado, la entidad sostuvo que el accionar policial evidencia "un uso ilegítimo, innecesario y absolutamente desproporcionado de la fuerza letal", incompatible con el Estado de Derecho y con los estándares constitucionales, legales e internacionales que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad.

 

"La función policial no habilita, bajo ninguna circunstancia, a ejecutar, castigar ni decidir sobre la vida de las personas", subrayaron los juristas. En ese sentido, recordaron que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional --en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-- imponen al Estado el deber indelegable de respetar y garantizar el derecho a la vida, así como de "prevenir, investigar, sancionar y reparar" las violaciones cometidas por sus propios agentes.

 

Fuerza letal.

 

El comunicado enfatiza que el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad "sólo es admisible como último recurso, cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida", una condición que, según remarcaron, "manifiestamente no se verifica en los casos de gatillo fácil". En esa línea, citaron los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que establecen que toda intervención debe regirse por los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas.

 

"El apartamiento de estos principios transforma la acción policial en un acto ilícito y arbitrario, agravado por el abuso de poder estatal", advirtieron. Para la AAJ, el asesinato de González no puede leerse como un hecho aislado, sino que se inscribe en "un patrón estructural de violencia institucional" que afecta de manera recurrente a los sectores populares y a los barrios más vulnerados.

 

En el documento también se señala la responsabilidad política de los discursos oficiales. Según la asociación, este tipo de prácticas se ven "alimentadas por discursos de odio promovidos tanto por el Gobierno Nacional como por el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que profundizan la estigmatización, el miedo y la desconfianza hacia las instituciones públicas..