Colegios privados podrán fijar libremente las cuotas

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y, desde ahora, las instituciones educativas no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.

 

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

 

La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.

 

Los requerimientos fijados debían efectuarse antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido hasta el 15 de noviembre.

 

El decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores vigentes.

 

Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

 

En ese sentido, manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual, cuando la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”. Sin embargo, “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

 

“Incertidumbre”.

 

Según el Ejecutivo, “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”. En este escenario, “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

 

En consecuencia “al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, dicha intervención limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

 

De esta manera, “el requerimiento a los establecimientos privados de comunicar los montos de matrícula y las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para estos institutos, los cuales suelen fijar cuotas más elevadas por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.