Comedores populares: el gobierno denunció que la mitad no funcionaba

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó ayer una denuncia penal en la que argumenta que cerca del 50% de los comedores que eran beneficiarios del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, eran inexistentes.

La cartera presidida por Sandra Pettovello dio a conocer que algunos casos presentaban diferencias entre los datos de preinscripción y los reales. En otros casos en las direcciones declaradas nunca funcionaron merenderos o comedores.

Según la presentación judicial, el 32% de los comedores no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes o en las que no hay comedores) y casi el 16% declaró una dirección en la que nunca funcionó un merendero.

Los datos surgieron de las auditorías que realizó el mencionado Ministerio en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) para investigar el programa Argentina Contra el Hambre, presentado en enero de 2020.

El informe que dado a conocer Pettovello detalla que poco más de la mitad (52,3%) de todos los comedores que aparecen en el Renacom y que el restante 47,7% no pudo ser relevado porque son catalogados como “inexistentes” por distintos motivos.

Controles.

De acuerdo a la denuncia, el proceso para que los comedores resultaran beneficiados por el Plan constaba de tres pasos: preinscripción, validación y matriculación. En esta última etapa, se matriculaba por el lapso de dos años, es decir hasta 2022.

La auditoría afirma que la gestión del entonces presidente Alberto Fernández “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.

“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, reza la denuncia.

Amparo colectivo.

Por otra parte, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que la causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que conduce Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano sea tramitada como un amparo colectivo. Ordenó que se compulse si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Esta decisión judicial va en paralelo a la denuncia penal en la que la fiscal Paloma Ochoa intimó a Pettovello para que informe las condiciones en las que se suministran alimentos. (Ambito/NA)