Condena histórica en Neuquén

En un histórico fallo, el Tribunal Oral Federal de Neuquén anunció ayer una condena a 11 años de prisión efectiva a funcionarios judiciales que actuaron en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar. Los miembros del tribunal encontraron culpables al ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz, por su responsabilidad en secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la dictadura en la región. Durante la última jornada del juicio, los acusados reiteraron su pedido de absolución y adviriteron sobre una campaña de “demonización” implementada por la fiscalía y las querellas.

 

El denominado juicio Escuelita VIII es el único que se desarrolló contra funcionarios judiciales y el tribunal debía resolver entre dos hipótesis contrapuestas: los funcionarios judiciales que asumieron en 1976 no pudieron hacer nada para contrarrestar a la dictadura en el Alto Valle, o bien fueron nombrados por el Comando en el único juzgado federal de Neuquén, para secuestrar y desaparecer a los contrarios al régimen militar sin obstáculos judiciales.

 

En uso del derecho a proferir la última palabra en el proceso, ambos ratificaron su inocencia, pidieron al tribunal su absolución y consideraron que eran víctimas de una campaña de “demonización” desarrollada por las partes acusadoras. El Tribunal Oral Federal determinó la culpabilidad de ambos. Pedro Duarte fue condenado a 11 años de prisión efectiva como partícipe necesario por los secuestros (privación ilegal de la libertad), como autor por la omisión de la persecución penal y como autor de prevaricato. Por todos los casos, 15 de ellos de desaparecidos.

 

Víctor Ortiz recibió una pena similar, de 11 años de prisión efectiva, como autor del delito de omisión de promover la persecución penal y por su responsabildad secundaria en los secuestros, también por todos los casos.

 

Según el informe publicado por el diario Río Negro, la audiencia comenzó a las 9 en una sala colmada por familiares de detenidos y desaparecidos en esta región durante la última dictadura y referentes de organizaciones de Derechos Humanos. Fue el octavo juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en Neuquén y había comenzado en octubre de 2023. También podría ser el último, ya que no quedan responsables en condiciones de ser llevados a proceso, aunque todavía hay casos instruidos y elevados a juicio.

 

Los ahora condenados estaban acusados de prevaricato, en el caso de Duarte (actuación ilícita de un juez), y de omisión de persecución penal (no investigar), de privación ilegal de la libertad en 23 casos como partícipes secundarios de los secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

 

Por primera vez en los juicios de Neuquén, el tribunal que llevó adelante el proceso para determinar la responsabilidad de Pedro Laurentino Duarte y Víctor Ortiz estuvo presidido por una mujer, María Paula Marisi, quien ya había actuado en juicios de lesa humanidad en Mendoza y en San Luis. El tribunal se completó con Alejandro Silva, de General Roca, y Sebastián Foglia, de Bahía Blanca.

 

La fiscalía estudo integrada por el pampeano Miguel Palazzani, Gabriela Shumacher, David Maestre y Juan José Cendagorta, en tanto que Hormazábal y Mariana Derni representaron a la querella de Inés y Oscar Ragni, y Marcelo Medrano y Bruno Vadalá la de la APDH. Ciro Annichiarico representó la querella del Estado Nacional.

 

El equipo de la defensa pública de Duarte fue integrado por Eduardo Peralta, María Laura Irastorza y la de Ortiz, por Celia Delgado, Gabriela Labat y Alejandra Vidales.

 

(Diario Río Negro)

 

“Sangre maldita”.

 

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el regreso a prisión del acusado por delitos de lesa humanidad Alberto Daniel Rey Pardellas, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que impuso reconsiderar su situación para el megajuicio de Bahía Blanca. Con el voto de Alejandro Slokar secundado por Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, la Sala II del tribunal penal dispuso remitir inmediatamente la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y resolver con celeridad los planteos de cese de prisión preventiva otorgado al represor.

 

La Corte Suprema había anulado lo dispuesto por esa misma Sala II en marzo de 2020, cuando Yacobucci y Carlos Mahiques habían desestimado un recurso de casación de la fiscalía contra la libertad del imputado. Slokar había planteado que era necesario atender la pretensión de la fiscalía, porque “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

 

Rey Pardellas, jefe de la Compañía Comando y Servicio del Batallón de Comunicaciones Comando 181 del Ejército, es juzgado en la mega-causa “Zona V de Bahía Blanca” y enfrenta una pena de prisión perpetua como coautor de múltiples delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por amenazas y violencias, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política y violación de domicilio, en perjuicio de más 25 personas.

 

Durante el debate, el represor se jactó de que el robo de hijos e hijas de detenidos desaparecidos tuvo “sentido humanitario”. Nombró a varios y sostuvo: “igual que sus padres, tienen la sangre maldita”.