Crímenes de José León Suárez, declarados de lesa humanidad

Uno de los hechos más emblemáticos de la violencia política en el país, revelado por Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre”, fue noticia esta semana porque la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. Además, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución.

La sentencia de la jueza federal Alicia Vence fue dictada a 70 años del hecho y establece un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando 12 civiles fueron detenidos ilegalmente y trasladados a los basurales de José León Suárez, donde varios fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora.

En esa masacre murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete lograron sobrevivir. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes más conocidos del caso, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias del juicio.

La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda de la localidad de Florida por orden de las autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, la jueza estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, habrían recibido prisión perpetua.

El contexto histórico ocupó un lugar central en el debate. Los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. La represión desplegada por el régimen incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, que se cobraron la vida de 31 militantes.

La jueza también dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias. Entre ellas se encuentra la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y la incorporación de los hechos en los contenidos educativos nacionales y bonaerenses.