Miércoles 24 de abril 2024

"Cumplía las órdenes de Curutchet"

Redacción 27/01/2022 - 00.58.hs

La ex funcionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime admitió ante la subcomisión de Inteligencia de la Bicameral del Congreso que en 2017 reservó la sala para una reunión de la "mesa judicial", por orden del ex titular de esa entidad, Juan Curutchet. En aquella reunión evaluaron armar causas penales contra sindicalistas, mientras el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, sospechado de avalar esas operaciones, comparecerá hoy ante ese organismo parlamentario.

 

Conte Grand había faltado a una primera convocatoria, pero confirmó que hoy concurrirá a exponer, según fuentes parlamentarias. Tras ser citado para el 18 de enero, el procurador bonaerense propuso responder por escrito las consultas de la subcomisión integrada, entre otros, por los peronistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze (Juntos por el Cambio), pero los parlamentarios rechazaron esa posibilidad.

 

El audio del video de aquella reunión en el Bapro (puntapié inicial para la investigación judicial y parlamentaria) demuestra que algunos asistentes consideraban garantizada la colaboración de una fiscal y de la Procuración General, para cumplir su objetivo de perjudicar a sindicalistas.

 

"Ordenes de Curuchet".

 

Ayer Tailhade criticó en duros términos a Conte Grand y consideró que tiene "una irresponsabilidad institucional sin precedentes". Cuando el procurador todavía no había confirmado su asistencia, Tailhade mostró pesimismo sobre su concurrencia: "hasta ahora no tenemos ninguna confirmación y parece que no va a venir. Una actitud responsable del procurador hubiera sido avisarle a la Bicameral cuando asistiría, pero hasta ahora no hubo ninguna comunicación y por eso es probable que no venga", dijo.

 

Los legisladores intentan establecer con claridad el modo en que se gestionó ese encuentro, realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, entre funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video. Concretamente, la subcomisión investiga si ese encuentro se concretó a pedido de la gobernación.

 

Al declarar ante los legisladores, Jaime explicó que, como secretaria de Curuchet, entre sus funciones figuraba "mandar los mails para reservar lugares para determinadas reuniones, confirmando la información surgida de los mails en los que reserva por tres días la sala multiuso en donde se grabó esa reunión". Según fuentes parlamentarias, explicó que "solo cumplía ordenes de Curuchet" y que prestó funciones en el Banco Provincia solo con ese directivo porque luego se retiró de la institución.

 

Mientras tanto, el ex Gerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por "cuestiones particulares". Stella fue convocado para que explique por qué no está registrado el ingreso de quienes asistieron a la reunión de la "mesa judicial bonaerense", aunque algunas fuentes advierten que ese salón no dependía de él, sino de otra área del Bapro.

 

La semana pasada, la subcomisión realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro, ubicada en Mitre y San Martín, donde los miembros del cuerpo se reunieron con el ex jefe de seguridad Mariano Albito, quien aseguró que "nunca hubo cámaras" en ese lugar.

 

Hasta ahora, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por el gobierno de Vidal durante un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas en los días previo y posterior al encuentro.

 

"Mentirosa serial".

 

El presidente de la comisión bicameral, Leopoldo Moreau (FDT), aseguró ayer que la ex gobernadora Vidal "es una mentirosa serial" y no descartó citarla para que explique su responsabilidad, si la investigación reúne pruebas suficientes. Según Moreau, los integrantes de la comisión "debemos trazar la ruta desde el video hasta la persona que tiene la responsabilidad política última de esa reunión. No hacemos una investigación penal, sino política institucional".

 

Y concluyó que resulta "necesario establecer las responsabilidades políticas e institucionales, y por eso tememos que establecer quién tuvo la responsabilidad de promover esa reunión: si la AFI, Macri o la gobernadora".

 

(Télam)

 

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