Denuncian irregularidades en rutas nacionales y piden que vuelvan a VN

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció situaciones de irregularidad en distintas rutas nacionales como la ausencia de caminos alternativos obligatorios por ley, el cobro de “falsos peajes y triplicados en costo”, la nulidad de garantías sobre inversión en infraestructura para evitar accidentes y la malversación de fondos. Las políticas de la Casa Rosada para el área, aseguran, son “contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios como al interés público”.

En el documento titulado “Contradicciones del Gobierno Nacional - Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’”, la entidad también exigió que la gestión pública de las rutas vuelva a manos de Vialidad Nacional. Si bien se anunció en distintas oportunidades la disolución, la empresa estatal que en la actualidad está a cargo de la administración se llama Corredores Viales SA: “opera como una estructura paralela de Vialidad, limitándose al cobro de peajes, sin realizar obras, y claramente funcionando como una caja política”, remarca el informe.

La libertad de tránsito por el país, establecida en la Constitución, fue puesta en jaque con esta iniciativa. “La política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio”, explicaron desde la organización. Con el Impuesto a los Combustibles, los usuarios pagan por el mantenimiento para la utilización de los corredores, “por lo que el cobro del peaje constituye una doble imposición de carácter confiscatorio, en contravención al principio de razonabilidad tributaria”, agregan.

Malversación.

El tributo a los combustibles agrega al fisco más de 3.000 millones de dólares al año. El fundamento oficial sobre la falta de recursos para el mantenimiento, entonces, resulta inverosímil. Los fondos devenidos del Impuesto a los combustibles deberían ser destinados exclusivamente a la infraestructura vial pero “son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su objeto específico”, cuestionaron desde la Conaduv.

“A pesar de las críticas del presidente hacia determinados sectores empresariales, a quienes denominó Cámara Argentina de la Corrupción, las empresas que actualmente se postulan para las nuevas concesiones pertenecen, en su mayoría, a los mismos grupos económicos vinculados históricamente a la patria contratista y al Club del Peaje”, detallan en el documento.

“El esquema actual de concesiones reproduce el modelo implementado durante la década de 1990, caracterizado por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial. En consecuencia, se repite un sistema históricamente fallido”, advirtieron.

Ruta 5.

A pesar de que la administración libertaria sólo licitó tareas básicas de conservación y mantenimiento (corte y limpieza), las nuevas concesiones viales anticipan un aumento tarifario de más del triple y la instalación de nuevos peajes: uno cada 97 kilómetros en promedio, con el agregado de 54 estaciones de cobro, en los 9.000 kilómetros que se privatizan por hasta 30 años. Entre esas nuevas estaciones figura la de la ruta nacional 5, que une Santa Rosa con Capital Federal.