Denunciaron al juez que frenó los audios de Karina

El juez Alejandro Maraniello, quien dictó la medida cautelar que prohibió la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, recibió viajes a Estados Unidos pagados por Ariel García Furfaro, el empresario dueño de la farmacéutica HLB Pharma que se encuentra detenido por el escándalo del "fentanilo contaminado".
Según supo Noticias Argentinas, la revelación fue hecha por el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24, donde expuso el vínculo entre el magistrado y el empresario preso. "Ariel García Furfaro, el empresario del fentanilo contaminado y dueño de HLB Pharma, le pagó viajes a EEUU al juez Maraniello", aseguró el comunicador.
El dato cobra una enorme relevancia no solo porque Maraniello es el juez que firmó la polémica medida que el periodismo y la oposición calificaron de "censura previa", sino también por su propio historial. 
Según se informó, el magistrado acumula cinco denuncias por acoso sexual en el Consejo de la Magistratura y trabaja con una orden de restricción perimetral que le impide acercarse a sus propias empleadas.
Por su parte, García Furfaro, titular de HLB Pharma, se encuentra actualmente preso en el marco de la causa por la distribución de fentanilo contaminado. La investigación periodística reveló que el empresario, a través de una asociación de abogados y magistrados, financió los viajes de Maraniello y otros jueces, como Mario Ingi.
La revelación de este nexo entre un juez que falló a favor de los intereses del Gobierno en una causa sensible y un empresario encarcelado por un grave delito contra la salud pública suma un nuevo capítulo de sospechas al "Audiogate".

Magistratura.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa sobre la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución. (NA)