El Congreso le dijo al Gobierno que reformule su Plan de Inteligencia

El Congreso nacional le asestó otro golpe al Gobierno del presidente Javier Milei, esta vez fue en los desmanejos en la inteligencia. La comisión bicameral que preside Martín Lousteau le dijo a la Casa Rosada que debía reformular el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que presentó hacia finales del año pasado. 
Página 12 recordó que el PIN fue objetado por organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que sería un instrumento que le daría luz verde a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para vigilar a opositores, periodistas, “grupos vulnerables”, activistas e incluso economistas que no siguen el libreto del Presidente. 
Según publicó el medio citado, de manera unánime, la bicameral señaló que lo que había enviado la SIDE está reñido con la Ley de Inteligencia (25.520).
La polémica con el PIN se arrastra desde hace al menos diez meses. El año pasado, Sergio Neiffert, titular de la SIDE, se reunió con los integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para presentar el documento. 
En ese momento, explicó que la administración de La Libertad Avanza (LLA) se había demorado, en parte, por los cambios que había hecho: la resurrección por decreto de la SIDE –con el mismo nombre que tuvo entre 1976 y 2001– y la salida del primer titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, entre acusaciones de que espiaba para el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
La reunión entre Neiffert y los integrantes de la CBI fue tensa. En noviembre del año pasado, la Unión Cívica Radical (UCR) vinculó dos ataques que habían sufrido sus oficinas con las críticas que Lousteau había hecho sobre el PIN presentado por la SIDE.

Espionaje. 
El medio recordó que la polémica se reinició en mayo de este año, cuando el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que el PIN habilitaría el espionaje sobre periodistas y disidentes. La revista Crisis también analizó el documento y mostró que entre los objetivos de inteligencia podrían estar ambientalistas o activistas.
El Gobierno negó estas versiones a través de un comunicado difundido el 25 de mayo. “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, afirmaron desde la Oficina del Presidente.
Sin embargo, la CBI –donde está representados LLA y aliados como Cristian Ritondo– votó esta semana un documento sumamente crítico con el PIN. Afirma que los lineamientos estratégicos difieren de lo que establece la Ley de Inteligencia y que meten a los organismos de inteligencia en áreas que no les corresponden.

Preocupación. 
Uno de los puntos que generó preocupación en la CBI es que el PIN decía que había sido “consensuado” con el Presidente. En realidad, esa afirmación también es contraria a la norma. En su artículo 12, la Ley 25.520 afirma que es el Presidente quien fija los lineamientos estratégicos y los objetivos generales del PIN. No los acuerda con el jefe de la SIDE ni con otros funcionarios.
Para algunos de los integrantes de la CBI, fue como un reconocimiento de que Milei es, en parte, un “convidado de piedra” de su propio Gobierno. El Presidente suele desentenderse de cuestiones vinculadas al armado político o la gestión. La SIDE, sin ir más lejos, está bajo la influencia del asesor Santiago Caputo, que se sienta en la mesa de decisiones sin integrar formalmente el Gobierno. 

Cuestionamientos. La CBI también señaló que falta una doctrina de inteligencia. Sin ese marco, la interpretación queda en manos de quienes ejecutan las órdenes. En esa línea, desde el Congreso advirtieron que, por lo que leían, podrían convertirse en objetivos de inteligencia políticos, integrantes de organizaciones sociales –como jubilados o personas con discapacidad–, militantes sindicales e incluso periodistas.
Otro de los puntos que se destaca en el documento aprobado por la CBI es que el Gobierno entiende la protesta como un ataque a las instituciones. 
La CBI también alertó que se podría entender que los organismos de derechos humanos están en la mira del Gobierno cuando la administración habla de quienes buscan erosionar la confianza en las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. Además, había preocupación porque, al habilitar la producción de información sobre la situación demográfica, podría ser que se investigue la pobreza o el desempleo como un factor de conflictividad.

Reforma.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614, Milei reformó el sistema de inteligencia. La SIDE quedó dividida en cuatro órganos desconcentrados: el Sistema de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos (DAI).

Para la CBI, algunas de estas dependencias asumieron funciones policiales, algo que está vedado en el artículo 4 de la Ley 25.520. Explicaban, por ejemplo, que la SIDE ahora se compromete en la búsqueda de prófugos. Esto era algo que ya había sucedido en la AFI macrista, cuando llevaron a policías de la Ciudad a hacer tareas de inteligencia. El grupo en cuestión pasó a la fama como los Súper Mario Bros, quienes terminaron involucrados en tareas de vigilancia sobre opositores y aliados de Mauricio Macri.

Otra de las tareas que habría asumido la SIDE es la de realizar custodias especiales. Esto estaría vinculado con las tareas de “avanzada” que, por ejemplo, realiza la Casa Militar antes de la visita del Presidente a un determinado lugar. Durante el gobierno del Frente de Todos se había prohibido que la AFI fuera parte de la “avanzada”. Durante la gestión Cambiemos, el organismo hacía ese tipo de tareas. Con ese argumento, la justicia terminó justificando la vigilancia que los espías habían hecho sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017.