El departamento valía u$s 340.000

Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento perteneciente a Manuel Adorni declararon ayer ante la Justicia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete, y aseguraron que el inmueble tenía un valor superior al declarado.

 

Según publico Tiempo Argentino, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a u$s 340.000, unos u$s 110.000 más de lo se había declarado Adorni tras la operación.

 

La pareja reconoció que la propiedad había sido remodelada, y que por dicho motivo se elevaba su valor en el mercado. Por otra parte, en su declaración, Rucci calificó de un hecho “poco frecuente” que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que es una modalidad inusual en el mercado inmobiliario.

 

Y agregó que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”.

 

De esta manera Feijoo fue quien contactó a las partes involucradas, es decir, su madre, otra jubilada y Manuel Adorni, y habría llevado a cabo toda la operación donde se escrituró el departamento en U$S 230.000, con la distinción de recibir U$S 30.000 en efectivo y U$S 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

 

Próximas declaraciones.

 

El próximo miércoles, Feijoo deberá asistir a Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien investiga este caso, y deberá poner a dispocición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

 

El viernes será el turno de Matías Tabar, contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz que compró la esposa de Adorni y la ronda de declaraciones finalizará el 27 de abril con Juan Cosentino, el responsable de vender la propiedad del barrio privado, al matrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

 

Medios públicos.

 

Por otra parte, una nueva ampliación de denuncia presentada en la Justicia federal pone bajo la lupa al jefe de Gabinete por un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos.

 

El escrito, presentado por el abogado Gregorio Dalbón, sostiene que la nueva documentación “aporta nuevos elementos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados” y apunta a un supuesto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., ligada al periodista Marcelo Grandío.

 

Según publicó Ambito, la investigación tomó impulso tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, lo que permitió incorporar contratos, transferencias y comprobantes de pagos. En ese marco, se señala la existencia de “un presunto esquema de contrataciones que habría operado de manera sistemática y creciente” durante la gestión de Adorni.

 

Uno de los ejes es la firma de seis contratos de coproducción entre Radio y Televisión Argentina (RTA) e Imhouse S.A. Para la denuncia, el objetivo es determinar “si el funcionario benefició a su amigo con contratos en la Televisión Pública y si existió un presunto circuito de retornos”.

 

También se incorporaron a la investigación datos sobre un viaje a Punta del Este que ya había sido mencionado previamente. De acuerdo con la presentación, las facturas aportadas a la causa indican que uno de los tramos “fue concretado por Imhouse S.A.”, pese a que el funcionario había señalado públicamente haberlo abonado.

 

Otro punto relevante es la existencia de transferencias bancarias: el expediente incluye diez operaciones realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de $1.670.900. La Justicia busca determinar “en concepto de qué fueron realizados esos pagos”, ya que se produjeron antes de que el funcionario asumiera su cargo.

 

En cuanto a la mecánica de contratación, la denuncia describe una posible triangulación: “la contratación no fue directa, sino que se instrumentó mediante una triangulación a través de Imhouse S.A.”, lo que habría permitido que el periodista no figure formalmente en la estructura estatal.

 

Para el denunciante, el conjunto de elementos permite advertir “prima facie la posible configuración de un esquema de beneficio indebido”, en el que el funcionario habría favorecido a un allegado mediante contratos con un organismo bajo su órbita.