Nación insiste en ajustar pensiones y quitar beneficios

El Senado se prepara para tratar en los próximos dos meses un frondoso paquete de leyes, ya que el Gobierno priorizó a ese cuerpo parlamentario para enviar los proyectos mas controvertidos, como sucedió este fin de semana con las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental.

La decisión de priorizar al Senado se debe a que la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, armo una sólida mayoría entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, con lo cual si hay alguna modificación de Diputados, le permite a ese cuerpo legislativo tener la última palabra en cada iniciativa.

Bullrich construyó una mayoría con la UCR, PRO, Provincias Unidas, Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad, y los santacruceños, que le permite reunir entre 40 y 44 votos.

A ese número se le suma en algunos proyectos los 3 legisladores de Convicción Federal, que es un desprendimiento del interbloque peronista, que ahora quedó en minoría con 25 legisladores.

Desde diciembre, envió al Senado los proyectos más complicados como la Reforma laboral, Ley de Glaciares, Propiedad Privada, y ahora sumó este sábado las reformas a la ley de Discapacidad y Salud Mental.

Por ese motivo, habrá una abultada agenda parlamentaria en el Senado ya que además de tener que aprobar unos 90 pliegos, deberá abocarse al debate de tres leyes complejas como la de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Discapacidad y Salud Mental.

Proyecto.

El eje principal del proyecto de ley que, que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

La iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

"Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Según publicó Infobae, el nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Con respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.

El proyecto también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral.

Denuncia.

Familiares de personas con discapacidad denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso.

La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de Andis, Diego Spagnuolo.

La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios.