Víctima del “Chino” Ros vive con “miedo”

“Nuestro proceso de superación del trauma que nos generó la situación lleva ya 14 años, y actualmente tuvo un retroceso enorme debido a esta resolución”, dice Virginia y enseguida agrega: “el condenado ya demostró ser una persona incapaz de cumplir con las reglas que se le impongan”.

Virginia Valcarcel tiene hoy 30 años, cursa el último año de la carrera de Nutrición y trabaja en una empresa familiar. La semana pasada, su rutina se alteró por completo cuando conoció la resolución que tomó la jueza Mónica Rivero respecto a que el empresario Eduardo “Chino” Ros, condenado a ocho años de prisión por abuso sexual, gozará de salidas transitorias de 48 horas. Una vez al mes podrá salir de su lugar actual de detención y permanecer en una cabaña fuera de Santa Rosa, aunque sin circular por la calle.

“Me estoy enfocando principalmente en terminar mi carrera para poder irme a vivir al exterior debido al malestar e intranquilidad que esta situación me genera, la cual ha tenido una enorme repercusión negativa tanto en el avance de mis estudios como en mi vida personal”, asegura Virginia en una entrevista con LA ARENA en la que contó su situación actual al tiempo que fustigó la decisión judicial.

“Considero que la jueza, muy sesgadamente, se guió solo por los limitadísimos argumentos de la abogada defensora, que refirieron a la pericia psicológica del condenado, luego de tan solo seis meses de duración, sin disponer aún del alta del tratamiento. Y le otorgó salidas transitorias de 48 horas en unas cabañas turísticas como si se fuera de vacaciones. Nunca tuvo en cuenta nuestros fundados argumentos: su fuga, luego de haber sido condenado y buscado por la Interpol. Nuestro miedo de salir a la calle y poder encontrarlo cara a cara, ya que ambas (por la magistrada y la letrada) desconocían de mi residencia en Santa Rosa de hace más de un año y medio. Y quiero agregar además, lo expuesta que me sentí en esta audiencia cuando la jueza me pidió que dijera mi dirección actual, frente al agresor, a lo cual por supuesto me negué a responder. Y le dije ‘están considerando la evolución psicológica del condenado sin tener en cuenta la de la víctima’”, lamentó la joven.

Y agregó: “Obviamente no estoy de acuerdo con esta decisión de salidas transitorias, porque el condenado ya demostró ser una persona incapaz de cumplir con las reglas que se le impongan. Y como cualquier persona en este mundo, él debería cumplir su condena como consecuencia de sus actos. Sentí que esta audiencia solo fue una formalidad de una decisión que ya había sido tomada por la jueza de antemano, que nunca pretendió tener en cuenta nuestra opinión”.

Angustia y miedo.

Durante más de cuatro años, Ros estuvo prófugo de la justicia. La Interpol, por pedido del Ministerio Público Fiscal, había emitido un alerta roja para dar con su paradero. En marzo de 2022, efectivos de la Brigada de Investigaciones viajaron a Uruguay y encontraron al pampeano en la localidad de Santana do Livramento, en el límite con Uruguay, cerca de Rivera.

A partir de ese momento, comenzó un largo periodo para lograr la extradición. El 19 de abril de 2022, Uruguay concedió la extradición solicitada por el Estado argentino. Inmediatamente, Ros solicitó refugio y quedó suspendida la entrega hasta que se resolvía su calidad de refugiado. Finalmente en junio de 2025 fue extraditado y desde entonces está detenido.

“En el momento en que me enteré de su captura en Uruguay, pensé que iba a poder cerrar un ciclo. Pero cuando lo trasladaron a La Pampa, sentí mucho miedo y preocupación por la experiencia que ya había tenido con el manejo de la justicia en estos casos. En mi humilde opinión, la justicia se maneja de la siguiente manera: No cuidan a las víctimas ni a sus familias. Nos revictimizan. Nos desestiman por el solo hecho de ser mujeres. Y, además, le otorgan salidas transitorias a una persona que fue prófuga de la justicia”, apuntó Virginia.

“Mi familia y mi entorno están profundamente angustiados; vivimos con miedo e impotencia frente a la decisión de la jueza y ante los comentarios de los allegados del condenado en redes sociales, que no hacen más que agredirnos y perturbar nuestra tranquilidad. Estoy a favor de la libertad de expresión, pero no de las mentiras. Y mucho menos cuando esas mentiras buscan deslegitimar lo que atravesé, siendo que el agresor fue condenado en un juicio en el que se respetaron todas sus garantías”, remarcó sobre el efecto que se generó a partir de la decisión judicial.

El hecho.

“Chino” Ros Ramírez era dueño del boliche “Babilonia”, ubicado en la calle Pellegrini, en pleno centro de Santa Rosa. Virginia, junto a su amiga M.Z., estuvieron hasta el cierre del local, a las 5 de la mañana. Según relataron las (en ese momento) adolescentes, tomaron alcohol dentro del lugar. Después, el empresario y uno de sus empleados las llevaron a la casa del primero, donde se produjo el ataque sexual.

Mientras que Virginia señaló a Ros Ramírez como su atacante, M.Z. apuntó al empleado, quien inicialmente fue procesado por violación pero finalmente fue absuelto. El Tribunal de Impugnación Penal -una de las instancias por las que pasó la causa- señaló que el dueño del boliche se aprovechó de su edad, de su experiencia y de la situación de vulnerabilidad de Valcarcel por la ingesta de alcohol para consumar la violación.

La causa judicial pasó por diferentes instancias. La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentados por los abogados de Ros Ramírez y así dejó firme la condena. En medio de las fiestas y de la feria judicial, el juez Andrés Olié emitió una orden de detención contra el dueño del boliche, quien no estaba en la provincia.

“Alarmante”.

Valcarcel, en tanto, se mostró preocupada porque la decisión de Rivero “no solo me afectó a mí, sino que envía un mensaje profundamente preocupante a todas las víctimas de violencia de género: que nuestra palabra puede ser ignorada”.

“Me resultó alarmante la falta de conocimiento demostrado sobre aspectos básicos del expediente, como la fecha de los hechos y mi situación actual. Esa falta de rigurosidad, sumada al desinterés por escuchar mi voz y la de mi abogado, no solo vulnera mis derechos, sino que expone una forma de ejercer la función judicial que debería ser motivo de reflexión. Quien ocupa un cargo de esta responsabilidad no puede permitirse actuar sin perspectiva de género ni sensibilidad frente a las víctimas. No es solo una cuestión personal: es una cuestión de justicia”, afirmó.