Provincias rechazan las reformas por regresivas

Durante el fin de semana, el gobierno de Javier Milei presentó en el Senado de la Nación el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental, el cual fue rechazado por las autoridades sanitarias de todas las provincias del país.

La semana pasada, y en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), se reunieron más de 15.000 participantes ya que se llevó a cabo el 3° Encuentro Federal de Salud Mental. En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental las autoridades expresaron un “enérgico rechazo”. Advirtieron que la iniciativa “implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.

Además remarcaron que “ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto”, lo que constituye una “vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario” y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

Comunicado.

Ayer, las autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos y los Órganos de Revisión de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Formosa, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Río Negro expresaron su preocupación por el proyecto y reafirmaron su “vocación” para “hacer frente a la grave crisis de salud mental que enfrentan nuestras comunidades”.

A través de un comunicado de prensa, ratificaron su vocación de seguir trabajando en elmarco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su proceso de implementación. “Estamos convencidos que dicho marco resulta adecuado, ajustado a las normas y modelos que han alcanzado consenso y evidencia por su eficacia a nivel internacional (OMS, OPS y diferentes tratados)”, indicaron. “Vemos que dicho marco normativo permite que cada jurisdicción desarrolle políticas, programas y dispositivos acorde a sus particularidades locales, tanto en modalidad ambulatoria, como en la atención de urgencias e internaciones (voluntarias e involuntarias), así como políticas de prevención”, señalaron.

Estrategias.

Explicaron que en la actualidad existe un “aumento sostenido de las demandas en los distintos niveles de atención y resolución” y que las exigencias y tensiones “atraviesan los sistemas públicos”. Afirmaron que “es el subsector público el que ofrece la mayor parte de la respuesta a esta situación crítica y que la Ley Nacional de Salud Mental no representa ninguna dificultad para darplena respuesta, sino que los desafíos se encuentran en la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad en los procesos de atención”.

Ante las necesidades, plantearon las mejores estrategias para dar respuestas: continuar transformando el modelo de atención en salud mental, lo que implica garantizar la continuidad de laformación específica de recursos humanos; la inversión en salud destinada al recurso humano, a mejorar y fortalecer infraestructura sanitaria, políticas de medicamentos y otras necesidades que permitan ampliar la red de dispositivos; y generar espacios de discusión abierta y participativa entre las jurisdicciones para trabajar problemas comunes.

“Es desde esta posición que las provincias en tanto responsables y gestores cotidianos de las realidades de nuestra población debemos ser parte vinculante de cualquier discusión en torno a las normas y políticas sobre salud mental en un país federal”, completaron.

Principales cambios del proyecto.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso una reforma integral de la Ley Nacional de Salud Mental que refuerza el rol de la psiquiatría, redefine el concepto de riesgo y amplía los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto también modifica el Código Civil y Comercial y el régimen de controles en establecimientos de salud mental.

La iniciativa de Nación otorga un rol central a la mirada técnico-médica. Los equipos interdisciplinarios deben incluir obligatoriamente al menos un médico psiquiatra. El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental. La autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

Se reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” para evitar interpretaciones restrictivas e inacciones. Las internaciones involuntarias siguen siendo un recurso terapéutico excepcional. Para internar, se requiere un dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. En casos excepcionales, un solo médico puede disponer la internación, con revalidación en 24 horas. El juez debe ser notificado dentro de las 24 horas y tiene tres días para autorizar, ampliar información o rechazar la medida. Puede ordenar una internación si el sistema de salud se niega pese a cumplirse los requisitos legales. Las altas quedan a cargo del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial.

En cuanto a hospitales psiquiátricos y clínicas privadas, se reconoce explícitamente a hospitales especializados en psiquiatría y establecimientos privados como parte de la red sanitaria.