El Gobierno atacó a jueza: liberaron a 114 detenidos

Tras la masiva movilización al Congreso en favor de los jubilados y la feroz represión por parte del Gobierno de Javier Milei y sus fuerzas federales, la Justicia ordenó la inmediata liberación de los 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA) durante la protesta.

 

"Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión", se advirtió al liberarlos.

 

La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la libertad de 84 hombres y 30 mujeres que fueron arrestados en inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad porteñas.

 

"Bajo el entendimiento de que no se había dado estricto cumplimiento de lo normado en el Art. 164 del CPP, sumado a que la fiscalía no informó sobre dichas detenciones, se solicitó el cese inmediato de todas y cada una de ellas, por considerarlas arbitrarias", marcó.

 

“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", argumentó la magistrada.

 

En el documento, en el marco de una fuerte crítica al operativo judicial, la magistrada señaló que "a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial"; sumando, en esa línea, que se dejaron de brindar detalles sobre horarios y lugares de las detenciones o que "tampoco se indicaba a qué delito específico se estaba convalidando la detención".

 

En esa línea, Andrade sumó que "tampoco se indicaba el lugar donde serían alojados y que en algunos casos, el delito se informaba después".

 

"La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos (...). Las libertades de expresión y de protestas robustecen el debate democrático que toda sociedad debe y merece darse", expresa en la resolución.

 

A su vez, informó que ninguna de las personas detenidas lo fue bajo las imputaciones de delitos como portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos, según información suministrada por la Fiscalía interviniente.

 

"Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente en su caso", añadió Andrade y sostuvo que la información "que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria" y que en la mayoría de los casos, se aludió "en forma genérica a 'Los hechos del Congreso de la Nación'".

 

Críticas.

 

Distintos funcionarios del gabiente de Milei salieron a atacar a la jueza Andrade, que ordenó la liberación de las personas detenidas durante la represión en el Congreso nacional.

 

Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona salieron a cuestionar el fallo judicial que liberó a 114 detenidos por las fuerzas federales durante la protesta en favor de los jubilados frente al Congreso.

 

"Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta", había argumentado Karina Andrade.

 

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que los 114 detenidos "destruyeron la ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad". En el mismo sentido, consideró que la inseguridad en Argentina es responsabilidad "directa" de la justicia, a la que definió como "puerta giratoria".

 

Por su parte, el Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, planteó que hubo "barras bravas" que asistieron a la movilización para "destruir todo lo que tuvieran a su alcance". El funcionario contradijo la orden de Andrade y sostuvo que "no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión". No obstante, adelantó que el el Consejo de la Magistratura "analizará" esa decisión "por posible incumplimiento de sus funciones". (Tiempoar/Eldestape)