"El Gobierno le da la espalda al Legislativo y al Judicial"

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al gobierno nacional que aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad y en caso de no acatar, se empezaría a implementar multas a los funcionarios correspondientes. Desde Casa Rosada argumentaron que "no están los fondos totales", sin embargo el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, cuestionó que “en el medio de todo esto, las necesidades concretas de la gente".

"Las incertidumbres que se van sucediendo y que se van encadenando porque no es solo es sistema prestacional, no es solo el pago a las instituciones, son también las pensiones no contributivas y la incógnita que se abrió con la desaparición de la Andis y son también los talleres protegidos”, explicó. 

Galarraga consideró que “el gobierno transita de espaldas a dos poderes, el Legislativo, cuando no cumple la ley o la veta, y ahora también al Poder Judicial”. 

El ex funcionario también criticó duramente al pago de $ 28.000 mensuales que reciben las personas adultas con discapacidades intelectuales que trabajan en los talleres protegidos. “Es de una crueldad enorme, un chiste”, afirmó en una entrevista con la radio AM750. 

Por otro lado, Galarraga indicó que vienen escuchando versiones de que el gobierno nacional quiere modificar la Ley de Prestaciones básicas, que es la normativa que determina el financiamiento de las prestaciones.

“Desde hace meses escuchamos rumores de que el gobierno quiere trasladar todo lo que sea transporte por discapacidad, apoyo escolar, sacárselo de encima del programa federal Incluir Salud, y trasladarlo a las provincias, para que, tanto transporte como salud, sea financiado por los gobiernos provinciales y también desligar a las obras sociales”, amplió. 

“Esto es un debate que lleva muchos años con los sindicatos, me tocó reunirme con los compañeros de la CGT, plantemos discutir este tema y es cierto que hay que darle una vuelta de rosca a la Ley de prestaciones básicas, pero no este cercenamiento de derechos que implementa el gobierno nacional, sin red de contención y sin diálogo con el sector”, concluyó Galarraga.