Lunes 01 de septiembre 2025

El juez que prohibió la difusión de los audios de Karina tiene ocho denuncias en su contra: cinco por acoso sexual

Redaccion Avances 01/09/2025 - 19.42.hs

El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió difundir los audios de Karina Milei, tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.

 

En septiembre de 2024, además, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber logrado que se disponga “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados, según informó La Nación. 

 

El magistrado fue notificado de los cargos en su contra para que se defienda, según el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por el concejero abogado César Grau.

 

El juez, dijeron sus allegados, niega todas las acusaciones y señala que son todas una falacia. A diferencia de lo que se debate en la Comisión de Acusación del Consejo, que puede promover un juicio político, en la de Disciplina se debaten sanciones menos graves, como por ejemplo el descuento de parte de su sueldo. 

 

Abuso sexual.

 

Según el procedimiento, Maraniello fue notificado el 19 de agosto pasado, y desde entonces tiene un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente.

 

El medio citado detalló que entre los expedientes en curso por abuso sexual, que son cincos, se destaca el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar en su juzgado.

 

En su relato, la mujer contó que aceptó salir con el magistrado fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo. Pero en esa ocasión -según su denuncia- fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. Luego se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación, declaró.

 

En otro de los expedientes, una agente de su juzgado declaró haber recibido mensajes por redes sociales de parte del magistrado, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos fuera del ámbito laboral. La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevaron a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral.

 

El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.

 

Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

 

Expedientes. 

 

Por otra parte, el artículo indicó que hay ocho expedientes en total contra el juez, cinco de los cuales son por acoso. Muchos están interrelacionados, por que son envíos realizados por la Cámara Contencioso Administrativo y la Oficina de Bienestar, remitiendo actuaciones.

 

La documentación de las acusaciones contra el juez están en anexos reservados, por lo que no hay acceso público a cada expediente. Los cargos son presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

 

PAMI. 

 

Por otro lado, El Destape informó que hay otra denuncia por cuestiones vinculadas al PAMI, realizada por la abogada Patricia Neme, quien pidió que se investigue si Maraniello incurrió en el delito de prevaricato. La abogada explicó que el magistrado podría haber "dictado una sentencia contraria a derecho para favorecer al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados (PAMI) en un planteo de inhibitoria". La letrada consideró que el proceder del magistrado generó una "burda maniobra para dilatar los tiempos procesales", demorando el acceso a la Justicia de jubilados y pensionados que necesitan volver a contar con la cobertura integral de sus medicamentos.

 

 

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