Emitieron dos dictámenes

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió ayer dos dictámenes para reformar la Ley de Alquileres, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

 

La decisión se adoptó ayer a la tarde en una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller.

 

El despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados.

 

A lo largo del debate desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres.

 

Desde la oposición, por su parte, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuerte regulación que a su juicio generó que se hayan retirado del mercado propiedades en alquiler, si bien todos coincidieron en que el principal problema es el aumento de la inflación.

 

FdT.

 

A lo largo del tratamiento el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo.

 

El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

 

También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

 

Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.

 

Oposición.

 

Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.

 

Los bloques opositores también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.

 

Además impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación".

 

Balance.

 

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que el dictamen de mayoría es producto de haber "escuchado a un montón de actores que no nos resultan inocuas" en alusión a los 150 oradores que expusieron en las reuniones informativas donde la mayoría de las organizaciones de inquilinos reclamaron mantener la ley votada a instancias de Cambiemos.

 

Desde Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo que "estamos expresando una visión del mercado de alquileres en este dictamen, y es que la intervención del Estado no debe darse a través de la regulación de los precios sino a través de los incentivos para incrementar la oferta porque es un derecho humano el acceso de la vivienda".

 

Agregó que "la regulación planteada hace dos años no tuvo resultado espero es por eso que un conjunto de bloques proponemos que las partes que puedan fijar ese ajuste con intervalos que van entre 3 y 12 meses".(Télam)

 

Emergencia del transporte.

 

La comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación emitió ayer dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley consensuado entre los principales bloques, que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos.

 

Para llegar al recinto, la iniciativa debe ser analizada ahora por la comisión de Presupuesto que preside el oficialista Carlos Heller.

 

En una breve reunión, producto del acuerdo alcanzado previamente, los diputados de las principales bancadas acordaron un texto en común, que recibió algunas observaciones por parte del diputado del Interbloque Federal y ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, en lo referente al alcance de la emergencia.

 

El texto fija "la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional".

 

Establece "modificar la Ley de Presupuesto 2021, reconducido por decreto; prorroga el fondo de compensación al transporte del interior hasta diciembre de 2022" y "faculta al Jefe de Gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento".

 

El fondo determinado es de 59.500 millones de pesos y "las empresas beneficiarias deberán aplicar para su percepción el sistema SUBE", se indica.

 

Además, "las provincias y municipios deberán seguir realizando un aporte proporcional buscando la sustentabilidad del sistema".

 

Los diputados del interior, sin distinción de bancadas, decidieron poner el tema en agenda al advertir que en el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de 24 hasta 80 pesos.