La Justicia ordenó investigar los audios de Diego Spagnuolo

La Cámara Federal porteña revocó ayer por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

 

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

 

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

 

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

 

En disidencia, el juez Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la Andis, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.

 

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales pertinentes antes de dictar una nueva resolución.

 

Defensa.

 

Los abogados de los imputados habían denunciado que los audios podrían ser falsos, adulterados, editados o incluso producto de inteligencia artificial, y que fueron incorporados sin cadena de custodia ni peritajes. También alertaron por una supuesta violación al derecho a la intimidad.

 

A su vez, la querella –Fundación Poder Ciudadano– pidió confirmar la resolución y avanzar en la investigación, mientras que el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Franco Picardi sostuvo que los audios funcionaron como un inicio de la causa pero no les asignó valor probatorio.

 

La causa.

 

Con la decisión de la mayoría, el expediente vuelve al Juzgado 11, subrogado por Casanello que deberá: verificar el origen de los audios, analizar su autenticidad mediante peritajes y reevaluar la nulidad una vez reunida esa información.

 

Mientras tanto, la investigación penal continúa abierta, pero bajo la obligación de despejar las incógnitas que dieron origen al caso.