Los jubilados marchan hoy contra el ajuste
Con el recuerdo de la violencia policial todavía fresco, el gobierno enfrentará hoy una nueva jornada de protesta en las inmediaciones del Congreso Nacional, con los jubilados concentrados para reclamar una recomposición de haberes. El escenario estará caldeado por el debate que se realizará en Diputados, por la mañana, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a contraer nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego del episodio de la semana pasada, en donde el operativo policial dejó más de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, el oficialismo encara en la víspera de la movilización un plan para el despliegue de las fuerzas de seguridad, como también la estrategia en materia de comunicación.
A diferencia de la ocasión anterior, en esta oportunidad hay diferencias, tanto en la coordinación del accionar policial como en la convocatoria. Mientras el encuentro anterior contó con la presencia de hinchadas de fútbol, esta vez serán las universidades públicas las que darán apoyo a la medida. En el gobierno suponen que a la comunidad universitaria, protagonista de las movilizaciones más numerosas contra la gestión de Javier Milei, se sumarán organizaciones y partidos políticos.
Durante una cumbre celebrada en la Casa Rosada y encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los jefes de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, ayer ultimaron los detalles sobre el operativo que implementarán las fuerzas de seguridad. De la reunión también participaron el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.
Operativo cerrojo.
En esa mesa de trabajo conjunta se definió que el foco estará puesto en controlar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, algo que no se hizo el miércoles pasado. En línea con este plan, la idea de Patricia Bullrich es “acotar la movilización” sobre la plaza frente al Congreso, evitar desmanes e impedir el avance de los manifestantes hacia la Plaza de Mayo.
Pese a que en el discurso oficial primó hasta ahora la ratificación de la estrategia represiva y que el gobierno sigue apoyando públicamente el accionar de las fuerzas de seguridad, puertas adentro varios referentes oficialoistas reconocieron los errores cometidos.
Además, la ausencia de hinchas de clubes de fútbol dejará al gobierno sin un enemigo claro al cual enfrentarse. Si bien la semana pasada pudo acusar a los manifestantes de “barrabravas y delincuentes”, la presencia de estudiantes y docentes universitarios complicará las justificaciones para una eventual represión violenta contra los manifestantes.
Durante el año pasado, la comunidad universitaria se movilizó dos veces en todas las ciudades del país, para rechazar los ajustes y recoertes presupuestarios sobre la educación pública. En esas oportunidades no hubo un gran despliegue policial.
Si bien desde la cúpula del gobierno acusaron a los manifestantes por “intento de golpe de Estado”, en las últimas horas diversos funcionarios con despacho en Balcarce 50 intentaron bajar la tensión. La propia Bullrich, durante una conferencia de prensa en la que presentó su proyecto de “Ley Antibarras”, se solidarizó por primera vez con la familia de Pablo Grillo, el fotorreportero herido de gravedad por uno de los gendarmes.
Asimismo, luego de que el abogado libertario Francisco Oneto sostuviera que, en circunstancias como las el miércoles pasado, decretaría el Estado de sitio, se definió que la comunicación oficial en torno a las medidas que se preparan para este miércoles esté bajo la órbita de Patricia Bullrich.
A pesar del rechazo que provoca la desfinanciación del sector pasivo, desde el gobierno aseguraron que por ahora no está prevista ninguna recomposición de las jubilaciones ni del bono que se otorga mensualmente.
(Ambito)
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