Marcha por la Soberanía

El juez de feria Mariano Castro instó ayer al Gobierno de Río Negro a hacerse responsable de "la integridad física" de los manifestantes que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, mientras la columna de militantes denominada "Juana Azurduy" se aprestaba a iniciar un recorrido de nueve kilómetros por agua para llegar hasta ese sitio.

 

El magistrado de Bariloche respondió ayer a la tarde a un recurso de amparo presentado por los abogados de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), quienes denunciaron que el lunes entre 15 y 20 peones, que responden a las órdenes del magnate inglés Joe Lewis les impidieron el ingreso al Camino de Tacuifí a una de las columnas de la Marcha Soberana al Lago Escondido.

 

"Entiendo que los hechos denunciados ameritan adoptar alguna medida preventiva en procura de evitar que se generen situaciones disvaliosas que pongan en riesgo la integridad física de las personas involucradas o de las que pudieran involucrarse", expresó Castro.

 

El magistrado decidió poner "en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial los hechos denunciados, a fin de que tome la intervención que pudiera corresponderle, en tanto que se han denunciado situaciones que tienen que ver con la seguridad personal de los manifestantes, ocupantes y terceros, de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo".

 

El amparo quedó radicado en el Juzgado 3 del juez Santiago Morán, pero al ser presentada durante la feria judicial intervino Castro.

 

Denuncia.

 

El magistrado se pronunció luego de que el equipo de abogados de Fipca ampliara los hechos denunciados y detallara que la situación había empeorado el martes con la presencia de más de 300 efectivos de la policía de Río Negro.

 

"Los peones de Lewis electrificaron el portón de hierro en el ingreso a Tacuifí. Las comunicaciones fueron cortadas a tres kilómetros del ingreso a Tacuifí y hay patotas que nos esperan para no dejarnos entrar", dijo el titular de Fipca, Julio César Urien.

 

La abogada de Fipca, Katerina Menéndez, confió que en el ingreso al Camino de Tacuifí "había una situación un poco más intimidatoria que la vivida en el día de ayer, había fuerzas policiales de Infantería".

 

La abogada valoró que Castro entendiera "la gravedad de los hechos" denunciados, ya que, en una primera instancia, el juez había considerado que, por una cuestión territorial, era el juzgado de El Bolsón el que debía pronunciarse.

 

"Nosotros le hicimos saber a Castro que el juzgado de El Bolsón es sistemáticamente recusado por Lewis y su sociedad. Por lo tanto, frente a los hechos graves y urgentes que estaban sucediendo en el portón no podíamos llevar un amparo a un juez que va a entrar en un proceso de recusación", explicó Menéndez.

 

A la vez, contó que le solicitaron que "en vez de resolver la competencia territorial, resolviera sobre el fondo de la situación que tiene que ver con el grave riesgo de vida, de no solo los que estamos en el portón marchando sino también la columna de montaña que viene".

 

Marcha.

 

Con dos columnas de manifestantes, la séptima Marcha por la Soberanía se propone llegar a orillas del Lago Escondido para denunciar que en esa zona, donde Lewis tiene su estancia, existe un "enclave británico" que funciona como "la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia", según denunciaron los organizadores.

 

La columna 1, que encabezan Urien y otros dirigentes políticos, sociales y gremiales, llegó el lunes al Foyel. La columna 2 "Juana Azurduy", está integrada el dirigente peronista Jorge Rachid y el padre Francisco 'Paco' Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres. Ambas tenían previsto encontrarse en Lago Escondido. (Télam)