Nación convocó a Río Negro y Neuquén

Con la intención de avanzar en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas, el gobierno nacional convocó a los gobernadores de Río Negro y Neuquén para informarles sobre el proyecto e intercambiar posiciones en medio de protestas desde ambas provincias por el futuro de estos complejos. El avance con la venta de las represas es el primer paso del plan de concesiones, reglamentado la semana pasada como primera parte de la ley Bases.

La decisión de convocar a Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, fue confirmada por el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, quien contó que ambos analizarán los proyectos oficiales con la Secretaría de Energía . “Neuquén y Río Negro fueron convocadas para discutir los alcances del decreto 718 que prorroga las concesiones por un año y estipula un plazo de seis meses para que Nación implemente un concurso nacional e internacional para adjudicar nuevas concesiones hidroeléctricas”, dijeron desde la administración de Figueroa.

Estas concesiones prorrogadas son de Cerro Colorado-Planicie Banderita (río Neuquén) y El Chocón-Arroyito; Alicurá y Piedra del Águila, sobre el río Limay. Según el funcionario neuquino: “la privatización llega tarde, porque después de 30 años de concesiones que se iban a vencer, después de una comisión del gobierno nacional anterior cuando también se tomaron todo el tiempo, termina saliendo un decreto post vencimiento. Esto no hace bien a la institucionalidad”.

Dudas en las provincias.

Según el ministro Etcheverry, “la demora no es lo adecuado, lo pretendido ni lo que vienen repitiendo Neuquén y Río Negro” y confirmó que la Nación “había anticipado el alcance de esta norma y ahora convocó a los gobernadores para avanzar en las pautas que establece este decreto”. Agregó que “no tiene la claridad que pretendíamos, pero esperamos que el trabajo en conjunto pueda determinar los pagos adicionales, por canon o por regalías, como lo dispone la ley sancionada por la Legislatura provincial”.

También aclaró que desean conocer “cómo van a ser las normas de manejo de agua entre la autoridad de cuencas y el organismo regulador de presas, y cómo se resguardará la protección ambiental durante la transición y sobre todo durante la nueva concesión”.

Y advirtió que “la modificación de la Constitución Nacional de 1994 reconoció el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, pero no fue mencionado en los considerados del decreto”.