Represión: denuncian a autoridades políticas, policías y agentes federales

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una denuncia penal para que se investigue a las autoridades políticas, a agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad que participaron de la feroz represión que se desató este jueves en los alrededores del Congreso mientras se votaba en el Senado la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

Según informó El Destape, la denuncia de la CPM , que quedó radicada en el juzgado federal Nº 10 de Comodoro Py, hace foco en el gran despliegue que tuvo la represión, el nuevo ataque de las fuerzas de seguridad a una fotorreportera que cubría la marcha y en “la detención masiva de personas de forma arbitraria”. 

El organismo de derechos humanos se encargó de monitorear el operativo y contabilizaron más de 1.500 heridos, entre los que se cuentan integrantes de la propia CPM: “Ocho integrantes de nuestro equipo de monitoreo y 18 del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios que asistían a las víctimas también fueron alcanzados por los gases y los disparos con postas de goma”, se precisó en el escrito que ingresó este viernes a tribunales. En total hubo 28 detenidos de los cuales, al momento de escribirse esta nota, 15 habían sido liberados.

Presentación.

La presentación fue firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García –los dos primeros, presidentes; el segundo secretario ejecutivo de la CPM-. Y apuntó contra los responsables del operativo y sus ejecutores por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En diálogo con el medio citado, Roberto Cipriano García explicó: “La represión fue una de las más cruentas y salvajes de los últimos meses con un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía de la Ciudad, de la Federal, Prefectura y Gendarmería, que reprimieron en múltiples ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires”. “Relevamos más de 1.500 personas heridas afectadas, entre las que se encuentra el caso muy grave de la fotoperiodista que aparentemente recibió un disparo de postas de la policía, cae y se golpea. Obviamente, la cifra de heridos es mayor porque desde la Comisión no estábamos en todos los frentes de la represión”, agregó. Y precisó que desde la CPM relevaron que durante el operativo se lanzaron “al menos 100 granadas de gas lacrimógenos, gas pimienta” y atendieron a “más de 40 personas con disparos de postas de gomas”. A su vez, contabilizaron 28 detenciones, 21 a cargo de fuerzas federales y las restantes 7 de la policía porteña.

El secretario ejecutivo de la CPM, que estaba presente en la marcha cuando se desató la represión, precisó que el avance de las fuerzas de seguridad “se inicia sin ninguna razón, las personas cantaban sobre las vallas, y frente a eso tiraron los hidrantes. Después, ante la represión, hubo gente que reaccionó y ahí salieron de atrás de las vallas y desplegaron todo el aparato represivo”.

Cipriano García también resaltó que detectaron infiltrados: “Observamos personas que se meten en la marcha, que tiran cosas y después los vemos con la policía, infiltrados de las fuerzas de seguridad, una práctica recurrente que vemos desde que empezó la política represiva con el protocolo antipiquete”.

Fotógrafa.

En esta primera denuncia hicieron foco en el episodio que tuvo otra vez a una fotógrafa como víctima del desmedido accionar policial. El caso de esta fotorreportera, cuyo nombre se resguarda, recordó lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo que también fue víctima de la represión del gobierno de Milei y por el que en la actualidad el gendarme Héctor Guerrero deberá enfrentar un juicio oral, acusado de disparar y casi ocasionarle la muerte al joven durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. La causa por ese episodio continúa abierta en pos de determinar responsabilidades en la cadena de mando del operativo. 

“Resaltamos que nuevamente resultó herida de gravedad, al menos, una de las personas que se encontraba efectuando labores de fotografía en una zona lateral y en la vereda, precisamente en la calle Lima y Av de Mayo, y que en razón de su función y tarea, integra el grupo de especial protección por normativa internacional, siendo el Estado el que debe garantizar su libertad de expresión y ejercicio de derechos de información y libre circulación, en lugar de reprimir y afectar su integridad psicofísica, circunstancia que ya fuera advertida por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, se destaca en la presentación de la CPM.

De acuerdo a la denuncia de la comisión, la fotógrafa fue atacada por las fuerzas policiales a las 19:50, cuando estaba trabajando sobre la vereda de la calle Lima y Avenida de Mayo. La fotorreportera estaba intentando apartarse de la zona en la calle Lima cuando “ante la fuerte represión y disparos de goma indiscriminados, se cae al piso golpeándose la cabeza, ocasionando un traumatismo y sangrado”. Según narró Cipriano García a este medio, las fuerzas de seguridad continuaron disparando hacia esa zona donde él también estaba y resaltó que allí no había manifestantes, sino solo periodistas, fotógrafos e integrantes de las postas de la CPM.

En la denuncia se relata qué sucedió una vez que cae la fotógrafa producto de la represión. “Personal de esta CPM y luego del CEPA, que estaba cerca del lugar, la atendió” para “detener el sangrado, colocar un vendaje sobre su cabeza, en conjunto con la asistencia general primaria sobre la misma”. “Es dable expresar que antes de la asistencia referida, personal policial de CABA se acercó y logró acreditar el delicado estado de salud, pero no asistió a la misma, sino que solo modularon por radio sobre la situación y se alejaron del lugar”, se agregó en la presentación.