Repudio a la censura libertaria

El fiscal Carlos Stornelli dispuso ayer a la tarde que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

 

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.

 

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

 

“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.

 

Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.

 

El Gobierno había denunciado el lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.

 

Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.

 

Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.

 

Denuncia.

 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad luego de que su cartera pidiera el allanamiento del domicilio de dos periodistas que hace días revelan audios con las presuntas coimas en la Andis.

 

“De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, dice el texto presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

 

Dalbón, defensor de la exvicepresidenta en causas civiles, ya había denunciado penalmente a Javier Milei, su hermana Karina, Diego Spagnuolo y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina por las presuntas coimas en la Andis.

 

Además de apuntar contra la titular de la cartera de Seguridad, Dalbón señala que el Gobierno nacional intentó utilizar “la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”.

 

Senadores.

 

Por otra parte, senadores de diferentes fuerzas políticas repudiaron la decisión del juez Alejandro Maraniello de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.

 

En conferencia de prensa repudiaron la “censura previa” a los periodistas que aportaron información y defendieron el pleno ejercicio del derecho de libertad de expresión.

 

La conferencia fue convocada por la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, Carolina Moises (Convicción) , y los senadores de la UCR Martín Lousteau y Pablo Blanco; del peronismo Juliana Di Tullio y de Convicción Guillermo Andrada.

 

Lousteau sostuvo que “hay una preocupación y acción de casi todos los senadores porque la libertad de prensa, y la seguridad de las fuentes, es algo que contempla nuestra Constitución”.

 

En tanto, Di Tullio planteó que “estar en una denuncia penal contra periodistas metiendo a otros países nos va a traer conflictos externos, está asustado el Poder Ejecutivo y su accionar es gravoso, gravoso para ustedes que son quienes lo ejercen, para los dueños de los medios de comunicación, gravoso para las instituciones, para el Congreso nacional, para la democracia argentina y para la libertad de expresión”.

 

Milei.

 

El presidente Javier Milei rompió ayer el silencio y apuntó contra “un grupo de periodistas”.

 

Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de un nuevo audio que lo involucraría, el mandatario expresó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

 

“Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, aseveró el libertario.

 

En su breve mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario citó el descargo del vicepresidente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio. (NA)

 

Denunciaron aprietes.

 

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y conversaciones de Karina Milei, denunciaron ayer en la Cámara de Diputados aprietes del Gobierno para evitar que siguieran difundiendo información comprometedora, y prometieron que seguirán publicando pruebas sensibles sobre manejos oscuros en la administración pública.

 

Los periodistas que trabajan en C5N y Carnaval Stream fueron convocados por el vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión, Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda).

 

Al tomar la palabra, Rial denunció que el viernes pasado fue blanco de una amenaza a partir de la presencia de un automóvil “Falcon verde estacionado en la puerta de (su) casa” y atribuyó ese acto intimidatorio a un intento del Gobierno para acallar a la prensa ante los escándalos de corrupción que estallaron en las últimas semanas.

 

Rial señaló que el objetivo de su concurrencia a la Cámara de Diputados responde al propósito de “denunciar una persecución del aparato del Estado” contra quienes denuncian “corrupción durante este Gobierno”.

 

“Lejos de callarnos, vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto. Estamos dispuestos a compartirlo con la Justicia y cualquiera de ustedes que lo quiera tener”, siguió.

 

A su turno, su colega Mauro Federico negó cualquier tipo de vínculos con los servicios de inteligencia rusos y venezolanos, como había acusado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que no tiene idea quién es Franco Bindi, otro de los señalados por el Gobierno por presuntas tareas de “espionaje ilegal”.

 

El periodista ponderó la tarea de investigación periodística que viene realizando hace un mes y medio con Ivy Cangaro, y destacó que lo pudo hacer gracias a la “espalda” de Rial, quien “se bancó todas las presiones de este Gobierno”.

 

“Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio”, dijo entre lágrimas, quebrado por la emoción. (NA)