Senado aprobó la baja de imputabilidad

El Senado aprobó ayer la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

 

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

 

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

 

El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

 

Actualización.

 

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

 

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

 

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

 

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

 

Debate.

 

“Este proyecto de Régimen Penal Juvenil ha logrado la unanimidad del rechazo de instituciones públicas y privadas especializadas en derecho penal juvenil. Salvo un comunicado del Ministerio de Justicia y de algunos periodistas bajo la consigna de 'mano dura'”, señaló el legislador Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

 

“El crimen cambió y tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos, no podemos seguir con leyes y con reglas de juego del siglo pasado porque no funcionan. Estamos hablando de dar respuesta a tantas familias que hoy están llorando a alguien que no está”, manifestó la legisladora Carolina Losada (UCR).

 

"Estamos hablando de una ley que viene a ordenar el cumplimiento de un compromiso asumido por la Argentina con los organismos internacionales. Ninguna ley le va a devolver a los familiares de las víctimas lo que un delincuente les robo para siempre", dijo el legislador --quien recientemente se sumó a la bancada libertaria-- Luis Juez.

 

Por su parte, Lucía Corpacci pidió actuar “con racionalidad y con humanidad”. “Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, consideró la senadora peronista Corpacci respecto del nuevo régimen penal juvenil.

 

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich alertó sobre un ítem que también se coló en Diputados, cuando se debatió. Y este tiene que ver con los fondos que se destinen para la implementación de la ley. "Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva", señaló el exgobernador. Según el Ejecutivo, el costo de implementación del nuevo régimen superaría los $23.000 millones.

 

A los ojos de la oposición, este monto es insuficiente. Este monto se utilizaría para complementar los gastos de las provincias para la implementación del nuevo régimen, que no hayan sido contemplados en sus respectivos presupuestos. Es que estos fueron sancionados antes de la aprobación de la ley, indicó Ámbito.

 

El senador de Popular Martín Soria planteó: "Estamos debatiendo qué respuestas le va a dar el Estado a esos niños en conflicto con la ley". "Desde el peronismo queremos un Estado que brinde una respuesta integral", aclaró el rionegrino para luego añadir que, del lado de enfrente, "la respuesta es penal". "Esta ley es peor que el decreto de Videla", sentenció Soria hacia el final de su extenso discurso.

 

Penas.

 

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

 

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto.

 

Deberán tener "formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social".

 

Voto pampeano.

 

El Senado convirtió en ley la reforma penal juvenil que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La aprobación llegó tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos y críticas de organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre el impacto de la medida en adolescentes.

 

En esta sesión, los legisladores pampeanos votaron de la siguiente manera: el senador peronista Daniel Bensusán estuvo entre los 27 legisladores que rechazaron la iniciativa, mientras que el radical Daniel Kroneberger, y Victoria Huala del PRO, votaron de forma positiva entre los 44 senadores.

 

Mientras el debate se extendía dentro del recinto, en las inmediaciones del Congreso y distintos puntos del centro porteño se realizaron protestas convocadas por organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, que cuestionaron el endurecimiento del régimen penal juvenil, informó Página 12.

 

Tras la votación, la Cámara alta continuó con el tratamiento de otros proyectos incluidos en el temario oficial, entre ellos la reforma laboral impulsada por el Gobierno.