Bromato: procesaron al funcionario que demoró las clausuras

El caso del bromato en las panaderías del empresario José María Jamad sumó un tercer procesado. El juez de instrucción Néstor Ralli procesó al responsable municipal de Bromatología, Angel Parodi, porque tardó tres días en clausurar los comercios a pesar de que ya había sido declarado el alerta de Epidemiología y la empresa proveedora de harinas había confirmado la existencia del aditivo.
El juez le imputó a Parodi el artículo 249 del Código Penal, que prevé una multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. En este caso específico, el magistrado habló de retardo. El imputado ya recurrió la resolución ante el Tribunal de Impugnación Penal.
El brote de gastroenteritis, que afectó a 57 personas de acuerdo a la justicia y a 81 según lo informado oportunamente por el Ministerio de Salud, se produjo en los primeros días del año, cuando los inspectores comunales descubrieron bromato en productos de las panaderías La Posta, Crocante y El Abuelo Julio. Su dueño, Jamad, está procesado por ellos delitos de envenenamiento de sustancias alimenticias y venta de mercaderías peligrosas para la salud, pero cometidos por imprudencia o negligencia y no con dolo como había dispuesto Ralli en primera instancia. Si fuese condenado podría recibir una pena de prisión de seis meses a cinco años y una multa de 5.000 a 100.000 pesos. El maestro de pala, Omar Ignacio Olmos, el tercer procesado, también se le imputa el envenenamiento culposo. Ambos irán a juicio oral y público y Parodi podría sumarse a ellos si el TIP ratifica lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción 6.
El responsable de Bromatología fue indagado el 9 de septiembre, pero prefirió no declarar, por lo tanto se desconoce cuál es su versión de los hechos.
Ralli consideró que, en su condición de funcionario público, actuó con demorada, porque tardó tres días en cerrar los comercios por casi tres semanas, a pesar de que el área provincial de Epidemiología ya había dado un alerta y que la firma Molina Cañuelas, proveedora de los negocios de Jamad, tomó una muestra de los productos y dijo que había bromato. Más tarde, un laboratorio de alta complejidad de Bahía Blanca detectó, a pedido de la Municipalidad, que en los productos panificados de Jamad había 104 partes de bromato por millón (no se especificó si era bromato de potasio o de sodio), lo que equivale a 10,4 gramos de bromato por cada 100 kilos de harina; o sea 5,2 más de lo que se permitía como estándar máximo hasta hace 1995, cuando el Ministerio de Salud de Nación prohibió el uso del aditivo cancerígeno en panes y facturas.
Si bien Ralli había dicho que Jamad envenenó en forma dolosa a la población, es decir a sabiendas de las consecuencias del uso del bromato en productos panificados, luego el juez del TIP, Gustavo Jensen, benefició al imputado al procesado por una conducta culposa. Si bien Jensen remarcó que Jamad incumplió con "el debido control de las materias primas", añadió que no tuvo intención manifiesta de envenenar a los consumidores.