Acueducto: Oppezzo fue indagado pero no habla de los cheques

El último día de la semana hábil para la justicia aportó un nuevo capítulo para la vieja causa penal por los 59 cheques que Carlos Oppezzo le pagó a su amigo, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, entre 1998 y 2003.
El caso, reflotado por el juez Daniel Sáez Zamora, se terminó por reactivar durante la jornada de ayer, cuando Oppezzo concurrió al juzgado acompañado por su abogado defensor, el doctor Alomar.
Sáez Zamora llamó a indagatoria a Oppezzo por sospechar que pudo haber cometido un delito. El ex jefe de inspectores del acueducto del Río Colorado ya había sido citado, pero había eludido la presentación ante el Juzgado de Instrucción 5 presentando un certificado médico.
Finalmente ayer Oppezzo se presentó, pero eligió el camino de la negativa a declarar, un paso que lo deja habilitado para tener acceso a los detalles del expedientes, hecho que le permitirá definir junto a su abogado la estrategia defensiva de aquí en más, que puede incluir el pedido de volver a ser citado para declarar o bien aportar una serie de pruebas que contribuyan a favorecer su posición.

Antecedentes.
El caso ahora tiene dos imputados, Romero Oneto y Oppezzo. Lo que investiga Sáez Zamora no es -como en un principio- la violación de los deberes de funcionario público, sino un presunto pago de coimas.
El expediente -con connotaciones políticas por los personales involucrados- fue reflotado en junio por el magistrado, después de que estuviera parado tres años y medio porque sus antecesores en el cargo, Carlos Omar Jorge y Carlos Mattei, lo "congelaron".
La punta del ovillo que sirvió para ponerlo en marcha nuevamente fue la aparición de dos testigos nuevos.
Lo que busca saberse es si fueron o no coimas los 110.000 pesos que Romero Oneto cobró a través de 59 cheques cuando era asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado. Esos documentos le fueron abonados por Oppezzo, que era el jefe de inspectores de la millonaria obra. La Cotarc era justamente el organismo encargado de controlar a la inspección.
Los pagos mensuales y consecutivos, de entre 1.500 y 2.000 pesos, se extendieron durante cinco años. El primero fue librado el 16 de noviembre de 1998, al mes siguiente de que Oppezzo abriera, junto a su esposa, la cuenta bancaria de la que salieron esos cheques. El último fue percibido por el ex funcionario el 5 de diciembre de 2003, durante la última semana de la gestión marinista. De acuerdo al ex juez Jorge y a la Cámara en lo Criminal de General Pico se trató de una contraprestación por asesoramiento profesional. Sin embargo, un fiscal, Guillermo Sancho, supo señalar como hecho curioso que el único cliente que tuvo Romero Oneto durante esos cinco años, en su actividad privada de abogado, fue Oppezzo .
Romero Oneto se declaró amigo de Oppezzo cuando fue indagado por Jorge, quien terminó dictándole la falta de mérito por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público ("cometió una desprolijidad éticamente reprochable", expresó). Esa resolución fue ratificada, en octubre de 2007, por los camaristas piquenses. Ante ello el abogado del ex fiscal de Investigaciones solicitó rápidamente su sobreseimiento. Pero la fiscal Susana Alvarez se opuso, y como ninguno de aquellos dos jueces resolvió el pedido, la situación procesal del ex titular de la FIA quedó abierta. Sáez Zamora tampoco se pronunció hasta ahora, por lo que al igual que Oppezzo, corre el riesgo de ser procesado por cohecho (o sea pago y/o cobro de coimas). Sancho, frente a esa situación, también manifestó que la falta de mérito fue "prematura" y que si se hubiese profundizado la pesquisa podría haberse "arribado a un juicio de probabilidad positiva" en cuanto al cohecho.

Desde 2006.
La causa permanece abierta en la justicia provincial desde 2006 y el reimpulso que tuvo impidió que prescribiera. Fue promovido por un tercer fiscal, Eduardo Bazo Queirolo -hoy jubilado-, a partir de un pedido de los sindicalistas Omar Lara y Ricardo Caso. El mismo Bazo Queirolo mencionó el tema de las coimas en esa presentación original, pero Jorge solamente investigó, sin ir a fondo, el incumplimiento.
El desinterés del juez quedó claramente reflejado durante las dos declaraciones testimoniales que Oppezzo brindó el 4 de septiembre y el 6 de septiembre de 2006. El ex director técnico del acueducto, bajo juramento de decir la verdad, sostuvo en esas ocasiones que el "acuerdo verbal" con Romero Oneto para recibir su asesoramiento legal "concluyó aproximadamente a principios de 2003". Incluso entregó constancias de los cheques que le había pagado en febrero, marzo y abril de ese año.
Sin embargo, un informe oficial del Banco de La Pampa, incorporado a la causa penal, dice que entre el 14 de enero y el 5 de diciembre de 2003 Romero Oneto recibió diez documentos. Cuando Oppezzo ofreció esas explicaciones, ya era público que le había seguido pagando a su amigo hasta fines de 2003. Sin embargo, el juez no repreguntó.
En verdad Jorge no le formuló ninguna pregunta en esas testimoniales y las palabras del ahora imputado surgieron de su boca cuando el juez, al finalizar el trámite, le dijo por pura formalidad si quería agregar algo más. Jorge tampoco se interesó en conocer otros detalles al escuchar de Oppezzo que "los servicios prestados por Romero Oneto consistieron en asesoramientos legales en contratos de capitalización de hacienda, compra-venta de bienes inmuebles, accidentes automovilísticos, etcétera (sic)".