La impunidad de Agüero y Araniz confirma que "no hay república"

Dos de los denunciantes de Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz cuestionaron duramente a la justicia pampeana por dejar que prescriba la causa en la que los ex funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda habían sido condenados por enriquecimiento. Los ex diputados provinciales del radicalismo Rubén Villegas y Roberto Reinoso dijeron, entre otras cosas, que "es un claro mensaje de que cuando existe protección del poder político se puede robar" y "una afrenta más al sistema republicano".
Agüero, ex vicepresidente ejecutivo del IPAV durante el marinismo, y Araniz, ex gerente general, habían sido condenados por la Cámara en lo Criminal 1 el 18 de agosto de 2006 a tres años y tres meses y a tres años y seis meses de prisión, respectivamente, por enriquecimiento ilícito, por no haber podio demostrar un incremento patrimonial de 339.063 y 424.086 pesos cada uno entre 1992 y 2001. Sin embargo, el 23 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia -allí y en la Procuración General de la Nación el expediente "durmió" dos años y medio- revocó la sentencia condenatoria y ordenó al Superior Tribunal de Justicia dictar una nueva. El STJ le transfirió incorrectamente esa responsabilidad al Tribunal de Impugnación Penal y éste nulificó el fallo.
El TIP consideró que la Cámara, integrada por Hugo Díaz, Carlos Novaretto y Arturo Fresco, no dio "fundamentaciones suficientes" acerca de porqué le dio validez a las pericias y oficiales y no las de parte, ya que ello era una "cuestión sustancial para la resolución del litigio" y pudo influir en el monto final de los incrementos patrimoniales no justificados. Ahora la misma Cámara 1, conformada por los jueces Carlos Mattei, Eduardo Olmos y Carlos Besi, y en coincidencia con la opinión de la fiscal Susana Alvarez, manifestó que la acción penal quedó prescripta porque pasaron más de seis años -la pena máxima para el enriquecimiento- desde la llamada técnicamente última secuela de juicio. Con los sobreseimientos de Agüero y Araniz quedó impune uno de los hechos de corrupción más simbólicos de la historia.
Más de nueve años atrás, el 16 de abril de 2002, seis diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, el actual intendente santarroseño Francisco Torroba, Rubén Villegas, Leopoldo Bonaveri, Elsa Pérez de Altolaguirre, Angela Ferreti y Roberto Reinoso, habían sido los denunciantes de los ex funcionarios marinistas sobre la base de una serie de artículos periodísticos de LA ARENA.
Ayer Villegas, al conocer la novedad, afirmó que "es una mala noticia para la vida institucional de la provincia porque esta causa tenía un profundo significado para los pampeanos, y además la justicia tenía la oportunidad de demostrar que el que llega a la función pública para enriquecerse debe ir preso. Pero nada de eso ocurrió, sino que se demostró que la justicia le da una mano al poder político cuando se ve perjudicado".
El denunciante remarcó que "no puedo dejar de manifestar algo personal: me queda la sensación de que la visita del jefe político a la cárcel para ver a los delincuentes de guante blanco (NdeR: en alusión al ex gobernador Rubén Marín) terminó siendo un mensaje para que la causa concluyera así. La independencia de los poderes sólo se ve en cuestiones burocráticas y presupuestarias. Insisto en que es un mensaje muy claro para aquellos funcionarios que manejan fondos públicos de que cuando existe protección del poder político se puede robar".
Villegas recordó que "el caso empezó mal porque, recién después de más de un año y medio de la denuncia, el juez (Alberto Hugo Farías) los procesó; o sea que desde aquel momento se jugó con los plazos. Si bien hubo un período en donde pareció que el trámite de la causa tomaba fuerza, el tiempo mostró que no fue así".
- ¿Lo sorprendió la resolución?
- Me enojó, pero no es algo nuevo. Hubo experiencias similares con las cloacas de Intendente Alvear o con lo que me pasó a mí cuando formulé una denuncia sobre el área municipal de tránsito en 1998 y declaré como testigo en 2003. Sin embargo, creí que la propia justicia que había condenado a estos dos sujetos no dejaría caer los plazos. Igual no quedó demostrada la inocencia de ellos, sino que fueron salvados por la incapacidad, impericia o por mala intención de esa justicia.

"Una afrenta".
Otro de los denunciantes fue Reinoso, candidato a intendente por el Frepam en General Pico. El dirigente radical señaló que "no sólo se confirmó que no tenemos vergüenza sino tampoco república. Esto es lamentable. Siempre se le exige más a los poderes ejecutivo y legislativo, pero también se necesita de una justicia independiente y que tome decisiones rápidas; por eso viendo lo que pasó diría que como sociedad estamos complicados. Es una afrente más al sistema republicano".
Reinoso manifestó que no podía afirmar que hubo connivencia de la justicia, aunque sí habló de "una clara negligencia que terminó favoreciendo a una de las partes, porque ahora los pampeanos nos quedamos sin la posibilidad de corroborar" si hubo o no enriquecimiento ilícito.
- ¿Al menos la condena social funciona?
- El otro día escuché a José Pablo Feinmann decir que quienes piensan y actúan honestamente suponen que la condena social caerá sobre aquellos que cometen delitos y tropelías, pero eso es una ilusión porque quienes las cometen no tienen ese cargo de conciencia.
Finalmente, Reinoso remarcó que en La Pampa hay ejemplos de que "el sistema (judicial) funciona de tal manera que quienes tienen una buena defensa, y con ello me refiero desde chicanas a estrategias interesantes, logran mayores objetivos que quienes no acceden a ella. Por eso estamos fallando en el precepto de igualdad ante la ley".
Agüero y Araniz hoy están presos en la Unidad 4 cumpliendo una condena de cinco años, pero no por el enriquecimiento, sino por además, en otro juicio, fueron condenados por los delitos de peculado (o sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas), ya que permitieron el desvió de 960.000 pesos del IPAV.