Trabajadores de la ex Consommé denuncian apremios policiales
Junto al abogado Nicolás Romano, patrocinador de los trabajadores, tomaron parte de la entrega de la denuncia en Fiscalía los denunciantes Joaquín Sosa, Juan Ramón Balmaceda y Pablo Medero; quienes estuvieron acompañados por Josefina Weigun y Cristian Forray. Fueron apoyados por Víctor Giavendoni, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos.
En la denuncia, se hace constar "la actuación policial de noche, haciéndose valer de la penumbra reinante y sin exhibir la orden de ejecución, acusando la falta de identificación de los efectivos, su actuación con los rostros cubiertos, la aplicación de golpes y malos tratos; además de ser encañonados con armas de fuego entre otros abusos".
Se hizo constar que Medero y Sosa fueron atados con precintos y colocados contra las rejas del ingreso, además de los golpes recibidos por Balmaceda, quien se resistió a dar sus datos personales. También se mencionó que, una vez retirados del predio, fueron intimidados por los efectivos y se reflejó que "Romina Sánchez (la profesional que realiza los análisis químicos de la planta) ingresó a retirar las pertenencias que quedaron en el interior de la fábrica y fue seguida y apuntada por un efectivo policial con arma de fuego".
En este marco, se solicitó "la realización de las medidas probatorias necesarias para la comprobación de los hechos presuntamente delictuales y la determinación de las circunstancias que lo califiquen e individualicen a los responsables".
Derechos Humanos.
Víctor Giavedoni, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, acompañó la denuncia presentada por los obreros y expresó que "el movimiento se suma en solidaridad con los trabajadores de la ex Consommé en acompañar la lucha por la preservación de la fuente laboral y además queremos denunciar las irregularidades ocurridas el día del desalojo".
Afirmó que "creemos que la orden de la jueza y el proceder de la policía atentan contra los derechos de los trabajadores que estaban preservando su fuente laboral, procurando que no sea vaciada la fábrica y no se rompa la maquinaria. Ellos estaban haciendo una guardia pasiva y no había ninguna intención de enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la policía ingresó en la oscuridad: como si los trabajadores fueran criminales de alta peligrosidad, terroristas que puedan poner en riesgo la vida de algún oficial o puedan atentar contra la fábrica haciendo un destrozo".
En su opinión, la actuación policial fue "desmedida" y recalcó que "la prioridad va en el marco de una filosofía que preserva la propiedad privada y el capital antes que la dignidad humana y los derechos de los trabajadores; sabemos porqué proceden así las fuerzas de seguridad de la provincia y por eso estamos haciendo la presentación judicial para que se tenga en cuenta como principal bandera y objetivo preservar la fuente laboral de los trabajadores", finalizó.
Agredido.
Uno de los denunciantes, Juan Balmaceda (el empleado que resultó golpeado durante el desalojo), explicó que "lo viví muy mal, me sacaron como si fuera un ladrón sabiendo que nosotros estábamos dormidos. (Los efectivos) aparecieron así de la nada y los otros dos compañeros no entendían por qué nos tomaron por sorpresa; a ellos los ataron". También hizo hincapié en que de su parte "no hubo resistencia".
"La actuación fue ilegal"
Nicolás Romano, el abogado presente durante la radicación de la denuncia y patrocinador de la misma, es representante legal del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Reconoció hacerse cargo de la parte penal, aunque no descartó (luego de convenirlo con el actual asesor de los trabajadores, Javier Torroba) realizar el asesoramiento correspondiente por la denuncia que pesa sobre los empleados de "desobediencia" y "resistencia a la autoridad".
Ayer, el letrado aseguró que "el procedimiento de la policía no es una contradenuncia: la idea es hacer esta presentación por el hecho de llevar los rostros tapados y porque al momento del desalojo no les explicaron los motivos de la desocupación de la planta. Se actuó mal al apuntarlos con armas de fuego bajo ningún apercibimiento".
Resaltó que "la actuación fue ilegal ya que no se puede emplear la fuerza pública sin previa intimación" y señaló que "es obligación de la policía informar previamente de la actuación del desalojo".
Sin respuesta del gobierno provincial
Entre el martes y ayer se esperaba alguna respuesta del gobierno provincial que nunca llegó, al pedido del intendente anguilense Héctor Delahaye, para brindar alguna solución al conflicto que mantiene cerrada la planta láctea de esta localidad. Así lo confirmó el funcionario a LA ARENA.
Según expresó Delahaye, "no hubo ninguna comunicación desde el gobierno de la provincia, así que estamos esperando las repercusiones de las reuniones que se están manteniendo en Buenos Aires". Igualmente, agregó que hoy habría nuevos encuentros que podrían dar respuesta a la población de Anguil, muy golpeada por la afectación de los puestos de trabajo que la planta brindaba a parte de su población y que aún se mantiene en vilo, pendiente de lo que se defina también en torno al frigorífico Carnes Pampeanas, que perjudicó a 21 familias de esa ciudad.
José Clérici, socio accionista de Colonia Lechera Modelo, habló públicamente desde Radio Noticias y también expresó su ilusión a través de una reunión "muy importante" que tendría lugar hoy en la capital del país, pudiendo aportar una respuesta al conflicto suscitado. Aclaró que estos encuentros los está manteniendo el otro socio de Colonia Lechera Modelo, Sergio Prieri y señaló que "en el boleto de compra venta de la fábrica con el anterior propietario (Luis) D'Espósito, se planteó que si al cabo de tres meses surgían deudas o conflictos ajenos a la nueva explotación, se suspenderían los pagos".
Hizo hincapié en el violento desalojo policial y ratificó la denuncia presentada ayer mismo por los empleados afectados. Para finalizar, aseguró que "la planta la vamos a recuperar de nuevo aunque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar".
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