Denuncia ante la OEA por los presos

El defensor general de La Pampa, Eduardo Aguirre, presentó un reclamo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por aquellos presos pampeanos que son derivados a otras provincias. La denuncia se hizo contra el Estado nacional y el pedido es para que en el futuro los reclusos que están alojados en otras jurisdicciones del Servicio Penitenciario Federal sean emplazados en cárceles de la provincia.
La presentación la hizo el Ministerio Público de la Defensa provincial a través de un amicus curiae, que fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La iniciativa se incorpora a un planteo admitido inicialmente a los defensores de Neuquén, y a otro amicus curiae del Procurador Penitenciario de la Nación.
En su denuncia, Aguirre señala que los traslados de "decenas de detenidos pampeanos, que se encuentran alojados en unidades penitenciarias distantes entre 500 y más de 1.300 kilómetros de distancia de esta provincia, suponen una vulneración de derechos y garantías de los reclusos. Esas afectaciones van desde el derecho a las visitas de sus familiares o grupos de referencia (imposibilitados por los costos y las distancias), hasta las garantías del debido proceso y el control judicial, así como el derecho a la dignidad, el trabajo y la educación de las personas privadas de libertad".
"En un país de una geografía tan extensa como el nuestro, los permanentes traslados de personas privadas de libertad por parte del Servicio Penitenciario nacional, significa una afectación concreta de Derechos y Garantías de las víctimas de esas decisiones administrativas unilaterales", señala el recurso.
Y agrega: "Incluso en el caso de la Defensa Pública -esto es, una agencia del propio Estado provincial- se le dificulta extremadamente la realización de los viajes para cumplir con las visitas a sus asistidos".
También se señaló el "menoscabo de los Derechos Humanos de los internos -en este caso, pampeanos- por parte del Estado argentino" y se expresó que las personas privadas de libertad se ven afectadas "por conductas exclusivas del Estado, particularmente en lo que atañe a deberes estatales específicos, entre los que se incluyen asegurar la protección de la familia, respetar la dignidad personal, realizar el ejercicio pleno del derecho de defensa, acceder a la Justicia, a la protección judicial y a la readaptación social" de los condenados.

Dificultades.
Aguirre apuntó que los defensores oficiales y él mismo deben desplazarse como mínimo más de 500 km hasta llegar a la unidad más cercana del SPF donde se encuentran alojados presos pampeanos. "Si el propio Estado adolece de estas dificultades, las mismas se multiplican y profundizan en el caso de familiares y grupos de referencia de ciudadanos provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad", consideró.
El funcionario apreció de "gran relevancia" la intervención de la comisión de la OEA porque, según el escrito, la jurisprudencia de los tribunales argentinos no posee una posición homogénea al respecto. "Eso habilita que las vulneraciones advertidas continúen perpetrándose", indicó.
Aguirre enumeró los perjuicios que ocasiona la distancia. "Desde la vulneración de derechos en la forma en que los mismos se operativizan, hasta la afectación del derecho al trabajo y el estudio de los prisioneros (...) son múltiples las razones que aconsejan poner coto a esta potestad unilateral de la administración".
"El alejamiento del grupo familiar o su núcleo social de referencia acarrean un sufrimiento adicional a la pena, al verse virtualmente imposibilitadas las visitas a los internos, en razón de las distancias, los costos, las situaciones laborales de los visitantes -agregó-. De mantenerse la situación de desapoderamiento de derechos que invocamos, los propios familiares se instituyen como víctimas del accionar oficial".

Arcaico.
En otros tramos del planteo, el defensor plantea que "hay una suerte de administrativización endogámica y discrecional de las personas detenidas, basado en un arcaico sistema legal, con escasa o nula participación previa y conocimiento de los defensores, de los tribunales de ejecución y de los propios internos, que hasta pocas horas antes de producirse el desarraigo, no conocen siquiera a qué nueva Unidad serán destinados".

En siete jurisdicciones
En la presentación de Aguirre se enumeraron los lugares del país donde hay presos de la provincia. "Hay actualmente presos pampeanos en la Unidad N º 5 del Servicio Penitenciario Federal en General Roca; en la U. 9 de Neuquén, U. 6 de Rawson; en las Unidades 1 y 19 del Complejo Ezeiza, en la 2 de Marcos Paz y en los Complejos del NOA (Salta) y la Unidad N° 7 de Resistencia (Chaco), estas dos últimas distantes a más de 1.300 kilómetros de Santa Rosa. Se trata de una cantidad de reclusos que sería enteramente factible alojar en las dependencias de la Unidad 4", aseguró.
"Por supuesto, la práctica del traslado tiene también sus lógicas autonómicas que en muchas oportunidades implican también menoscabos evidentes de Derechos Humanos de las personas que resultan ser sujetos pasivos de los mismos", completó.