Concedieron prisión domiciliaria a represor

La jueza federal subrogante Iara Silvestre le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex policía Miguel Angel Ochoa que actualmente está procesado por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar en la provincia, en el marco de la causa conocida como Subzona 14 II. Hasta el momento, el represor estaba alojado en el pabellón especial de la Unidad 4 de Santa Rosa.
La resolución fue firmada por la magistrada durante la última semana, por cuestiones humanitarias. Es que en sus argumentos el represor planteó que debía atender a su esposa que se encuentra actualmente con serias complicaciones de salud. Entonces, la jueza decidió resolver de esa manera aunque en forma temporal, mientras dure el tratamiento, según explicaron las fuentes del tribunal consultadas por este medio.
El fiscal Juan José Baric se opuso directamente a la resolución tomada por Silvestre y la apeló. Por eso, ahora deberá definir la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, aunque en principio la apelación presentada es sin efecto suspensivo de la resolución mencionada: o sea que Ochoa consiguió efectivamente el beneficio y ahora permanecerá detenido en su casa, ubicada en la localidad de Catriló donde permanece su esposa.
Quince ex policías, tres ex militares y el médico Máximo Pérez Oneto fueron procesados por el juez Pedro Vicente Zabala por la segunda causa de la Subzona 14, donde se investigan los secuestros y torturas cometidos por el grupo de tareas que funcionó en La Pampa durante la dictadura. En el expediente están incluidos los casos que no fueron juzgados en el proceso realizado en 2010.

Indagatorias.
A su vez, la jueza convocó a indagatoria a otros acusados de haber participado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en La Pampa. Estos declararán en el tribunal de la avenida San Martín, entre el 13 y el 22 de noviembre. Y el primer citado será el sacerdote Alberto Espinal, capellán del Ejército en los años 70 y el primer religioso involucrado en delitos de lesa humanidad en la provincia.
Además de Espinal, Silvestre también citó a los ex jefes militares Gerardo José Jáuregui y Jorge Omar de Bártolo, a los ex policías Humberto Riffaldi, Pedro Mariano Frank, Héctor Báez y Aldo Mario Arhex, y Federal Alfredo Grazini, Héctor Orio, Benigno Valor y Héctor Salas, que eran integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El expediente investiga unos 300 casos de detenciones durante la represión ilegal entre 1975 y 1983 que no habían sido tratados en el primer juicio.