Aguas residuales: para el PEP le corresponde a las comunas

Primero fue la 2733, ahora le tocó a la 2739. El gobernador Oscar Mario Jorge vetó otra ley más sancionada por la Legislatura en menos de un mes. La norma rechazada por el Ejecutivo es la que declara de interés público la utilización de aguas residuales tratada de los servicios sanitarios de la provincia e instruye al PEP a crear una comisión ad-hoc.
Ese organismo tendría por finalidad efectuar una serie de estudios sobre la materia y proponer al gobierno el llamado a concurso público para concretar un proyecto que posibilite un tratamiento de los líquidos efluentes para su aprovechamiento producto con fines sociales. La iniciativa fue de la diputada del Frepam, Claudia Giorgis, y aprobada por unanimidad. Este nuevo choque de criterios con la Legislatura podría tratarse de un nuevo capítulo en el conflicto que llevan adelante los diputados vernistas contra el mandatario.

Un poco de historia.
El gobernador vetó la normativa el viernes pasado mediante el decreto 852 que firmó junto al ministro de Gobierno, César Rodríguez. En los fundamentos, el documento precisó que "las aguas residuales tratadas de los servicios sanitarios corresponden en propiedad a los municipios de la provincia de La Pampa, quienes ostentan competencia exclusiva y excluyente para regular lo atinente a la utilización de las mismas".
Allí se hace un poco de historia. Se indica que en 1980 los servicios sanitarios fueron transferidos de Nación a la Provincia y por ordenanza del mismo año el Ejecutivo pampeano lo traspasó a los municipios de Santa Rosa y General Pico. Esto comprendió tanto bienes como los "recursos financieros provenientes de las tarifas o tasas y otras contribuciones retributivas de servicios".
Indicó además que la titularidad y competencia de los municipios respecto de los servicios sanitarios está en la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades 1597. Además menciona la autonomía municipal en todo orden y que la ley orgánica determina en el inciso 26 del artículo 5 que los servicios sanitarios constituyen recursos específicos y ordinarios de las comunas.

No hizo lugar.
Frente a estos fundamentos, Jorge entendió que "legislar en el orden provincial respecto de las aguas residuales tratadas de los servicios sanitarios implicaría no solo afectar las autonomías municipales, sino atentar contra los recursos ordinarios propios del municipio, lo que confirma aún más el avasallamiento de dichas autonomías".
Y precisó que declarar de "interés público" la utilización de esas aguas lleva a que se considera inconstitucional la ley por "vulnerar la autonomía municipal de nuestros municipios" ya que esos servicios sanitarios son "constitucional y legalmente corresponde a ellos".
El veto precisó además que tanto en Santa Rosa como en General Pico sus municipios "vienen trabajando sobre el tema con proyectos que se encuentran en pleno uso de ejecución". A la pasada, el veto también tuvo un tono irónico hacia los diputados: en un párrafo indicó que "resulta pertinente dar a conocer que el tratamiento integral de líquidos cloacales dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Rosa tiene como eje central el funcionamiento de dos plantas de tratamiento denominadas Norte y Sur". Y se describió todo el funcionamiento del sistema tanto en la capital como en General Pico. Asimismo se recordó que la provincia suscribió un convenio con la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión del Neguev mediante el cual se financió un estudio para la utilización productiva de las aguas residuales para cultivo en Santa Rosa.

El otro veto.
Esta es la segunda ley que veta el mandatario en menos de un mes. A mediados de octubre había rechazado la número 2733, también aprobada por unanimidad, donde se ordenaba que los tres poderes del Estado debían contratar "en forma preferente" los servicios de asesoría de la Universidad Nacional de La Pampa.
En su argumentación, Jorge denunció que esa norma "colisiona" con la Ley de Contabilidad, que faculta al Ejecutivo a contratar en forma directa los servicios de la UNLPam y acusó a los diputados de colocar a La Pampa "en estado de gravedad institucional".