Después de cuatro años, Rogers calló

La causa, de gran repercusión nacional, se abrió a partir del testimonio de una mujer santiagueña que escapó de la whiskería Good Night, y de los dichos de una dirigente de la APDH que trabajaba en Lonquimay.
Tuvieron que pasar cuatro años para que un juez citara al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, a indagatoria por estar sospechado de cometer el delito de trata en la whiskería Good Night. El mismo hombre que en 2009 dijo que "un cabaré es un lugar de esparcimiento, un lugar de contención espiritual...", ayer prefirió mantenerse en silencio ante la jueza federal subrogante Iara Silvestre.
Antes que ella lo hiciera el expediente estuvo en manos de otros tres jueces federales (Pedro Vicente Zabala, Marcelo Piazza y José Antonio Charlín, quien simplemente fijó la fecha de la declaración) y una provincial (María Florencia Maza).
El trámite fue exprés, duró menos de media hora, porque Rogers, esta vez, no quiso hablar. Apenas deslizó que actuó de esa manera por consejo de su defensor, Francisco Marull, quien junto a un segundo abogado, Juan Manuel Meana, lo acompañó al Juzgado Federal.
En el acto, Silvestre le informó a Rogers cuáles son los hechos que se le imputan -en base al pedido de indagatoria del fiscal Juan José Baric, quien no pudo concurrir- y cuando le preguntó si estaba dispuesta a declarar, el jefe comunal que milita en el marinismo respondió que no. Quedó constancia de su respuesta y todo terminó.
Hoy esa misma cronología de hechos se repetirá, ya que a primera hora está llamado a cumplir con el mismo trámite el comisario Carlos Adrián Alanís, otro de los imputados, quien cuando estalló el escándalo estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay y hoy es el jefe de la comisaría departamental de General Acha. El único interrogante es si Alanís adherirá a la estrategia del silencio o abrirá la boca.
Baric sostuvo que ambos, a priori, cometieron el delito de trata como coautores porque, de una u otra manera, colaboraron para ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación. El fiscal encuadró esas eventuales conductas delictuales en la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y en el artículo 145 ter del Código Penal, que prevé penas de 5 a 10 años de prisión por tratarse de un funcionario público y de un miembro de una fuerza de seguridad.
También las encuadró -a modo de agravante- en la ley Antidiscriminatoria 23952 y, al menos a Rogers, le agregó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario (seis meses a dos años de prisión).

Incompetencias cruzadas.
La investigación sorbe el cabaré que funcionaba en Lonquimay, y que fue cerrado a raíz de la apertura del expediente penal, fue impulsada por la fiscal provincial Alejandra Ongaro en octubre de 2009, a partir de dichos de Liliana Abratte, una dirigente kirchnerista que milita en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y que forma parte de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado. La denunciante, que cumplía tareas en la subcomisaría, mostró sus sospechas de que en Good Night (Buenas Noches, en castellano) funcionaba una whiskería en la que se ejercía la prostitución, y que allí "trabajaban mujeres de diferentes nacionalidades y que todas ellas se encontraban en deficientes condiciones de habitabilidad y sanidad".
Agregó que esa situación era conocida por Alanís, pues él no sólo convivía con la encargada de la whiskería de Barón -sería una mujer paraguaya de nombre Yésica Torales Espinoza-, sino que "mantenía una fluida relación" con Fernández y Rogers.
El 4 de octubre de ese año, una mujer oriunda de Santiago del Estero ya había denunciado desde esa provincia -después que pudiera escaparse- lo que pasaba en el prostíbulo, en alusión a Good Night, donde contó que había sido obligada a prostituirse.
Desde un primer momento quedaron involucradas tres personas: Alanís, Rogers y el propietario de la whiskería, Carlos Fernández. Al principio el expediente se dividió en dos. La imputación a Fernández por trata de personas fue directamente a la justicia federal, y la de incumplimiento de los deberes a Alanís y Rogers a la jueza provincial Maza. Esta se declaró incompetente y devolvió esa parte de la causa a Zabala, quien hizo lo mismo.
¿Qué pasó? Terminó resolviendo la Corte Suprema. ¿Qué dijo? Que debía investigar la justicia federal. ¿Con qué fundamento? "El criterio decisivo para resolver la cuestión pasa por recordar que, mantener y promover la competencia del fuero federal para investigar la posible comisión del delito de trata de personas resulta de fundamental importancia para asegurar la eficacia de la norma que lo reprime, y que eso determina que, ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir, sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se haya configurado o no dicho ilícito".El escándalo tuvo repercusiones nacionales y el Concejo Deliberante de Lonquimay se vio obligado a dictar una ordenanza que prohibiera la instalación de cabarets o whiskerías, aunque en ese momento dejó a salvo la continuidad de Good Night, que igual cerró sus puertas en diciembre de 2009.

"Firmaba exámenes ginecológicos".
"Rogers firmaba las libretas sanitarias para las mujeres que trabajaban en Good Night aunque figuraban exámenes ginecológicos. ¿Cómo puede ser a una 'copera' se le exijan exámenes ginecológicos", señalaron ayer fuentes calificadas al describir los hechos que se le imputan al intendente de Lonquimay y de los cuales ayer no quiso dar explicaciones.
También se lo inculpa por declaraciones periodísticas oponiéndose al cierre de los cabarés, entre ellas haber expresado que son un lugar "contención espiritual, principalmente para transportistas, viajantes y jóvenes" y que eliminarlos provocaría que aparezca "la prostitución callejera -con falta de control sanitario-, la trata de menores, el tráfico de drogas y todos los flagelos sociales".
Además, en un reportaje con Radio Noticias, admitió que era asiduo concurrente a cabarés internacionales y cuando le preguntaron si en Lonquimay había trata, el jefe comunal respondió: "No hay trata de menores".
-¿Y de mayores?
-No sé, en un cabaré hay códigos.
Tanto a Rogers como a Alanís se los acusa de "contribuir al sostenimiento" de Good Night y omisión de denuncia, porque no hicieron nada a pesar de que eran funcionarios públicos y conocían las irregularidades que existían en el funcionamiento de la whiskería. "Había indicios claros para presumir que se ejercía la prostitución", indicaron las fuentes.
Hoy a Alanís también le preguntarán si no le llamó la atención que en un acta una de las mujeres dejara constancia por escrito que era libre. "¿Acaso hay que aclarar que uno es libre?", se preguntaron ayer allegados al caso.