Jueces sustitutos: un amparo desnuda que el sistema hace agua

El recurso fue presentado por un abogado en una demanda contra un empleador. Fazzini es juez sustituto en lo laboral de Santa Rosa. Este mecanismo de nombramientos ha venido siendo cuestionado desde distintos sectores.
En la sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, conformada por los jueces Jorge Cañón y Laura Torres, ingresó un incidente donde el abogado Javier Horacio Díaz planteó como cuestión de fondo que las designaciones de los jueces sustitutos son inconstitucionales porque violan la Constitución provincial.
La historia del expediente se inició el viernes 14 de junio, cuando Díaz supo que el juez sustituto en lo laboral de Santa Rosa, Enrique Luis Fazzini, iba a intervenir en la demanda que un cliente suyo inició contra su empleador. En ese momento el abogado presentó un amparo, acompañado de una medida cautelar, por entender que los jueces sustitutos son inconstitucionales porque con sus nombramientos "se viola el derecho a ser juzgado por un juez natural".
¿Qué hizo Fazzini? El mismo, que estaba siendo cuestionado, resolvió el planteo y lo rechazó in límine. "Como no podía recusarlo porque no lo considerarlo juez, no me quedó otro camino que presentar un amparo por la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se suspendiera la audiencia a la que mi cliente había sido citado para el lunes 17", explicó el profesional. "Fazzini no debió abocarse al tema, y más rechazarlo sin argumentos, sino que debió enviarlo al Superior Tribunal de Justicia", acotó.
Por sorteo, el amparo recayó en el Juzgado en lo Civil 3, a cargo del juez Guillermo Salas, quien al responder a la medida cautelar dijo que la designación de Fazzini era legal. "Fue como resolver la cuestión de fondo en lo accesorio", señaló Díaz. El abogado recusó a Salas y el recurso recayó en la jueza civil Gloria Albores, quien "directamente rechazó el amparo in límine cuando no debía intervenir en el amparo sino en la recusación", indicó Díaz.
Luego de ese largo camino, el abogado llegó a la Cámara con la apelación a la medida cautelar. Cañón y Torres todavía no se pronunciaron. Si eventualmente dijeran que la apelación es procedente abrirían el camino para que se discuta la cuestión de fondo, es decir la supuesta inconstitucionalidad de los jueces sustitutos.
"El Superior Tribunal y la Cámara de Diputados han entrado en una connivencia porque no respetaron el artículo 92 de la Constitución provincial, que es muy claro cuando dice que los miembros del Poder Judicial serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura", expresó Díaz, y enfatizó que los artículos 19 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referidos al mecanismo de designación de los sustitutos, violan la Carta Magna.
En tal sentido, el abogado expresó que el artículo 92 también especifica que el Poder Ejecutivo efectuará la elección de candidatos a jueces a partir de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y oposición. "Los sustitutos tampoco pasan por el Consejo ni por los concursos", agregó.

Amiguismo y a dedo.
La figura de los sustitutos comenzó a tomar cuerpo en los últimos años a raíz de las jubilaciones y los retiros voluntarios de muchos magistrados y la necesidad de cubrir más cargos con la reforma del Código Procesal Penal.
La Ley Orgánica dice que debe recurrirse a este mecanismo "en los casos de suspensión, licencia, vacancia u otro impedimento, que exceda el plazo de 30 días, y siempre que la observancia del orden de subrogancia previsto por esta ley acarrease inconvenientes serios, objetivos y fundados al servicio, a criterio del Superior Tribunal de Justicia".
En la práctica lo que debe ser un reemplazo temporario se ha convertido en una designación permanente. De hecho, el propio Fazzini lleva como cuatro años sustituyendo magistrados en distintos tribunales, aunque no es el único caso ya que hay más de una treintena de designaciones de igual tenor.
El tema está en la mira de algunos legisladores, como el justicialista Mariano Fernández y el radical Martín Berhongaray. El primero impulsó la conformación de una comisión evaluadora, reclamó que los sustitutos "tengan la idoneidad suficiente" para cubrir vacantes y pidió que sean examinados y se los encolumne en un orden de mérito.
El diputado opositor requirió, al menos como un paliativo, que se les dé prioridad a quienes concursaron ante el Consejo de la Magistratura y obtuvieron buenos puntajes. Calificó de "engendro" al sistema de nombramientos y cuestionó la independencia de los sustitutos.
Actualmente el único requisito para ingresar a la Justicia por esta vía es tener una edad mínima y determinados años de abogado. Luego la Legislatura aprueba un listado anual de postulantes y, al final, todo depende del dedo del STJ, lo que deja abierto el camino para el amiguismo.