El bloque del PJ cuestiona acuerdo

El bloque justicialista que preside Oscar Romero, y del que forma parte el pampeano Sergio Ziliotto, decidió presentar un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar que se aclaren las dudas acerca del acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Sideco (del Grupo Socma), perteneciente a Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri.
El abanico de preguntas es amplio y va desde las lógicas dudas acerca de la relación entre el presidente y el dueño de la empresa, Franco Macri; hasta el monto condonado, que asciende al 98 por ciento de la deuda, y las inquietudes relacionadas a las polémicas decisiones tomadas por el Ministerio de Comunicación del radical Oscar Aguad.
Teniendo en cuenta la magnitud de la deuda condonada, y las relaciones cercanas entre la empresa y el Gobierno Nacional, el bloque justicialista envió una lista de preguntas en el pedido de informes.
"Es de conocimiento público que la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma, controlante de Sideco, que a su vez posee el control accionario del Correo Argentino S.A. El presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, personalmente tenía acciones de Socma hasta el año 2009 cuando se las transfirió a sus hijos. Es decir, los accionistas de Correo Argentino son integrantes de la familia del Presidente de la Nación; siendo usufructuario vitalicio de esas acciones el Sr. Francisco Macri. Ante esa situación, ¿el Ministro de Comunicaciones de la Nación Argentina no consultó a la oficina anticorrupción qué pasos debía seguir atento el manifiesto conflicto de intereses?", dice la primera pregunta.

Etica pública.
También, el pedido de informes plantea que "el ministro de Comunicaciones no evaluó que al efectuar un acuerdo con la empresa de la familia Macri estaba violando los principios básicos de la ley de ética pública enumerados en el artículo 2 de la Ley como la honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. ¿El ministro de Comunicación entendió que con este acuerdo no se estaba violando el inciso c) del artículo 2 de la ley de ética pública al no velar en sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular?. ¿Esa convicción se la forma en base a los dictámenes jurídicos previos de qué organismos?. ¿El Ministro de Comunicación no evaluó que de los principios propios de la Ley de ética pública se desprende que ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con el Presidente de la Nación podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente beneficie al presidente o a su familia?".
El bloque justicialista también pone en tela de juicio que el apoderado del Estado argentino en esta causa sea el doctor Macoroa, "un contratado del Estado que tiene una designación provisoria de 180 días. ¿Se ha puesto en conocimiento de la procuración del Tesoro de la Nación que el apoderado en esta causa relevante es un funcionario designado transitoriamente y no un funcionario estatal con estabilidad como es recomendación del máximo órgano del cuerpo de abogados del Estado?".

¿Acuerdo previo?.
Los funcionarios recordaron que el apoderado del Estado Nacional, en la audiencia del día 28 de junio de 2016, el deudor Sideco, realizó una propuesta de pago que el Estado rechazó "siguiendo las instrucciones del caso". Sin embargo, el apoderado del Estado, Mocoroa, "realiza en el acto una contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada por el deudor". ¿Esa propuesta que fue aceptada de inmediato fue producto de una negociación en sede judicial o fue una audiencia simulada producto de un acuerdo previo?. ¿Esta propuesta efectuada por el apoderado del Estado nacional fue evaluada por las áreas técnicas y financieras del Ministerio de comunicaciones?.
El bloque justicialista consideró que la propuesta aceptada es casi idéntica a la rechazada anteriormente por el mismo Estado Nacional por lo que no se logra verificar una administración fiel de los intereses de la Nación. "¿Cuál es la verdadera razón por la que la propuesta anterior era abusiva y la aceptada es beneficiosa para el Estado?", se preguntan.
El acuerdo parte de un monto verificado, el cual fue congelado el pasivo y no generó intereses desde el año 2001 hasta la fecha. Ello se realizó en función, según los dichos públicos de funcionarios del Ejecutivo, del artículo 19 de la Ley de Quiebras que habla de la suspensión de los intereses. Ahora bien, ese artículo se refiere precisamente a la "suspensión" de los intereses y no a la quita o eliminación de intereses.
El documento presentado plantea interrogantes a varios de los argumentos dados por el Gobierno para intentar justificar el acuerdo. Entre ellos, que el mismo fue aprobado por la amplia mayoría de los acreedores y que si no se firmaba el acuerdo la empresa iba a la quiebra. "¿Cuál es el argumento jurídico para aceptar un mal acuerdo y no ir por la quiebra de la empresa privada?, ¿se evaluó que el efecto más concreto que tiene la firma del acuerdo es que el Estado Nacional ya no podrá reclamar acciones de responsabilidad de los administradores ni de los dueños de la empresa por su accionar que la llevaron a la cesación de pagos?, ¿qué se tuvo en cuenta para sostener el acuerdo si en este caso no estamos en presencia de una empresa que continúa con la prestación de un servicio?".

Un acuerdo "insolvente"
El pedido de informes presentado por el bloque justicialista se pregunta qué análisis económico y financiero se hizo para aceptarlo y en base a qué parámetros se dice que se hizo para cobrar la deuda si al momento de la homologación de acuerdo no se cobra absolutamente nada, únicamente se acepta una promesa de pago a 17 años por parte de una empresa que según los dichos del propio ministro de Comunicación es "insolvente".
Los funcionarios se preguntan "¿les resulta razonable que la quita sea superior al 98% del capital?, ¿les resulta razonable cobrar la primera cuota diferida y que el monto de la misma sea del 1% del capital de la deuda?; ¿les resulta razonable que la tasa de interés del acuerdo es menos de la mitad que la tasa de inflación pronosticada por el Indec?".
El bloque infiere en este comunicado que en el caso bajo análisis ve similitudes con el caso greco que fuera denunciado por el bloque de legisladores radicales a raíz de las sospechas de que funcionarios sin competencia habían consentido un acuerdo sin el análisis técnico correspondiente que perjudicaba al Estado Nacional. "¿No cree que en este caso también se deberían ordenar desde el propio ministerio las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades como en su momento se hizo desde el Ministerio de Economía a sugerencia del bloque radical?", finalizaron los funcionarios.