Fuerte descontento por los adicionales

El 10 por ciento se lo queda la Jefatura, el 55 por ciento las comisarías y solo el 35 por ciento llega a los efectivos que realmente quitaron horas a su vida personal para hacerse de "unos pesitos".
JUAN JOSE REYES
Un viejo reclamo del personal policial de calle se ha reactivado en estos días: la tardanza en cobrar los "adicionales" realizados en horario extralaboral, y el alto porcentaje del monto recaudado que se queda la Jefatura de Policía. El monto presupuestado para este año por este concepto asciende a 166 millones de pesos, un 10,5 por ciento del presupuesto que se destinará a pagar salarios policiales.
La norma jurídica de facto 1064/81, Ley Orgánica Policial, y el decreto 1244/95, permiten a la Jefatura proveer servicios de policía adicional. Solo 35 por ciento de los 3.020 agentes perciben esos dineros privados y/o públicos y están generando rechazos por los atrasos y las injusticias reiteradas con el personal de calle.
Esos dineros provienen del cuidado de espectáculos, comercios, personas supermercados y clubes deportivos (categorías A y B); custodia de caudales (C y D) y los nocturnos en boliches bailables, locales nocturnos, albergues transitorios y salones de juegos de azar autorizados.
Según el presupuesto 2018, habrá 166 millones de pesos pero los agentes de calle recibirán apenas un tercio de lo que les corresponde. Para este año, el presupuesto de salarios policiales asciende a 1.579 millones, es decir que se estima que se gastará un 10,5 por ciento en servicios adicionales.

 

Policías cansados.
Una causal de la inseguridad, muchas veces silenciada por la verticalidad de las fuerzas de seguridad y la política, nace en el propio seno de quienes tienen a su cargo velar por la protección de los pampeanos: las Unidades Regionales y la Jefatura de Policía. Ello producto de una cadena cuyo primer eslabón es la falta de presupuesto (solo el 8,43 por ciento del presupuesto provincial, es decir 2.504 millones de pesos) y pocos efectivos (3.020 y de ellos 600 son oficinistas).
La peligrosidad del trabajo y los bajos salarios del personal subalterno, hacen importantes los ingresos por esos adicionales, pero cuando ven que la superioridad se queda con buena parte de ellos, se genera provoca un aluvión de críticas en voz baja.
Los adicionales por Ley quedan en parte en la Jefatura, 10 por ciento, en detrimento del personal subalterno que es quien en definitiva presta aquel servicio para compensar sus magros salarios en las 24 horas libres (descanso) que tienen por cada 12 de servicio efectivo (turnos), denominado en la jerga policial como "12 x 24".
De lo que resta, el personal superior de cada comisaría se queda con otra tajada importante, el 55 por ciento; y al personal de calle que efectivamente prestó el servicio, solo llega el 35 por ciento.

 

"Horas Extras".
La mayoría de los integrantes de la Policía trabajan doble turno para ganar un salario que les alcance para vivir, lo que reduce su capacidad a la mitad y los deja expuestos ante el constante aumento de la inseguridad. La ausencia de policías de calle en Santa Rosa y General Pico, obliga a sectores de la población a recurrir a una "seguridad privada", realizada por servidores públicos, abonando un canon de servicio adicional. Entre ellos están el Casino, los supermercados, bancos, clubes y locales nocturnos.
Esto se traduce en un "impuesto" agregado a lo que se supone contemplado en el tributo habitual que pagan los establecimientos comerciales, principalmente Ingresos Brutos a la Dirección General de Rentas y seguridad e higiene municipal.
¿Adónde va el dinero cobrado por los adicionales? Sobre el total depositado, el 90% va al personal que efectuó el trabajo y el 10% queda en Jefatura (5% para gastos operativos y 5% para seccionales con pocos adicionales).
Lo cobran las Unidades Regionales y pasan al área administrativa de la Jefatura para su distribución. El Tribunal de Cuentas (TdeC) solo controla que los recursos que ingresan a la cuenta general de adicionales de la Policía se depositen en Rentas Generales, pero que no tienen acceso a los sistemas informáticos policiales. Las denuncias apuntan al descuento que se les aplica (ropa y otros elementos en el adicional) cuando aquellos deben hacerse sobre la nómina salarial.

 

"Bolsa de trabajo".
El recurso del adicional para la policía deviene de fondos que vuelcan en seguridad tanto entidades financieras, redes de cajeros automáticos, supermercados, restaurantes, cooperativas, casinos y tragamonedas, alojamientos, seguridad personal, locales de baile, hipódromos y entes descentralizados del gobierno entre otros.
Para la policía es una "bolsa de trabajo". Una forma de aumentar ingresos haciendo lo mismo, pero en el doble de tiempo. De hecho, de los 2.400 policías de calle en La Pampa, prestan servicios adicionales menos de 1.600, para un stock relevado de 4.000 delincuentes.
Pero el uso indiscriminado de ese sistema es el cierre de un círculo vicioso y peligroso. La ecuación es simple: para ganar un dinero que le alcance, tienen que sudar el doble. Trabajan más de lo que pueden soportar y rinden la mitad, ocho horas reglamentarias y varias horas adicionales. Algunos ni van a la casa, duermen en la comisaría.

 

Certificación.
Cuando hacen guardia de noche, no están en aptitud física (el 70% de los policías tienen problemas familiares). El servicio se pide tanto desde el ámbito público como del privado, en la seccional de su jurisdicción.
Los fondos depositados en la Cuenta Recaudadora, se rinden mensualmente en el TdeC. Es una cuenta de movimiento donde lo recaudado se transfiere a Rentas en el transcurso del mes siguiente. Pero en ellos deberá constar la certificación de la Policía, donde establece que los Adicionales comprendidos en la liquidación, fueron realizados en franco de servicio y que no se han superpuesto ni en horarios ni en funciones.

 

Imposible de cumplir
En noviembre de 2016, cuatro policías que estaban a cargo de la oficina de la distribución de los servicios adicionales que hacían sus compañeros en General Pico, cobraban en efectivo a clubes e instituciones pero muchas veces no daban recibos, en otras no depositaban el dinero o bien lo hacían con meses de demora. Además se adjudicaban a ellos mismos adicionales materialmente imposibles de cumplir: un policía llegó a cobrar 74 en un mes, cuando cada servicio (por fuera de su horario laboral normal) implica 6 horas de trabajo. Es decir cobró por 44 días de adicionales en un mes.
Eso investigó Juan Carlos Carola titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que reclamó al Gobierno mejorar el control y cambiar la forma de cobro de adicionales. La presentación la hizo el ex jefe de la Unidad Regional II, Javier Marotti. La autoridad policial, en forma paralela, presentó denuncia penal ante la fiscal Ana Laura Ruffini, contra los cuatro encargados del sistema de adicionales en esa jurisdicción.
Si bien todavía no hay penados en la causa, Carola le pidió a la Jefatura abrir un sumario administrativo para determinar la cantidad de servicios adicionales liquidados a los cuatro policías denunciados y si era posible que los cumplieran realmente.
Los uniformados denunciados fueron José Castillo, Vanesa Reale, Sergio Mario Escurti y Hugo Alejandro Muñoz. El Ministerio de Seguridad dispuso que una contadora de la cartera, Carolina Marrón, realizara una auditoría donde se corroboraron las irregularidades. ¿No estará sucediendo lo mismo?
El inconformismo policial por los adicionales se realiza en voz baja y a través de sus respectivos cónyuges. Apuntan a las autoridades políticas de la cartera y a los titulares de la fuerza policial.