Se reanudó el juicio contra la Triple A en Bahía Blanca

La Justicia Federal retomó ayer, en la ciudad de Bahía Blanca, el juicio contra los miembros de la patota de la Triple A que actuó en esa ciudad en 1975 y principios de 1976, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. Las audiencias habían comenzado en marzo pero fueron interrumpidas por la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social que se adoptaron a partir del 20 de aquel mes.
Los acusados son cuatro represores civiles: Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio -en aquellos años un reconocido corredor de motociclismo y Midget-, quienes integraron las patotas de Rodolfo Ponce (entonces diputado nacional) y Remus Tetu (quien era el Rector Interventor de la Universidad Nacional del Sur). Salvo el último, que siguió la audiencia desde su casa, el resto estuvieron en la sala.

Cuatro testigos.
La audiencia fue presidida presencialmente por el juez Roberto Amábile y a distancia (desde esta ciudad) por los jueces pampeanos Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido. La actividad comenzó a las 10, en el Aula Magna de la UNS, y a lo largo de la jornada se escucharon cuatro testimonios.
Tanto los testigos como el fiscal Pablo Fermento, las querellas y los abogados defensores de los acusados, estuvieron presentes en el lugar, con las medidas de distanciamiento social previstas por el Poder Judicial para prevenir potenciales contagios de coronavirus.
El tribunal escuchó a los testigos José Luis Santagada, ex compañero de David «Watu» Hover Cilleruelo, una de las víctimas; Daniel Esquivel, quien fuera militante estudiantil en la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca y fuera testigo del accionar de la patota en esa institución; María Marta Bustos, quien entonces era concejala de la ciudad, cuyo hermano fue baleado por los acusados, y Juan Evangelista Díaz, quien era estudiante de Letras en la UNS y estuvo el día en que asesinaron a Cilleruelo en un pasillo de esa casa de altos estudios.

Seguridad y vigilancia.
Según la acusación, los cuatro imputados fueron contratados en 1974 como «personal de seguridad y vigilancia» por el rector interventor de la UNS, Remus Tetu, uno de los jefes de la Triple A bahiense junto al entonces diputado nacional y secretario general de la CGT de Bahía Blanca Rodolfo Ponce.
Justamente, las víctimas del accionar criminal de la Triple A pertenecieron al mundo universitario y al gremial. Fue el caso de los pampeanos Carlos Davit, quien se fue de Guatraché hacia la ciudad portuaria a estudiar la carrera de Contador Público Nacional, y Hugo Ardiles y Orlando Walker, quienes dejaron sus pueblos, Rolón y Jacinto Arauz, respectivamente, para irse a trabajar como obreros de la construcción en Bahía.
El fiscal Fermento informó a este diario que la Universidad Nacional del Sur tenía previsto subir a su canal de Youtube, a partir de hoy, la filmación de la audiencia, que no pudo ser trasmitida en vivo, porque el personal del Poder Judicial que realiza esa tarea es de la Capital Federal y no pudo viajar producto de las medidas de cuarentena que rigen en el AMBA.
La fecha de la próxima audiencia se definirá una vez que el Tribunal haya resuelto los pedidos de las querellas y la fiscalía para que jornada sea trasmitida en directo.