Como en enero, puesteros cortan ingreso a «La Pintada»

(Casa de Piedra) – Integrantes de tres familias cortaron, ayer a la mañana, el ingreso a la zona petrolera que Pampetrol Sapem gestiona en inmediaciones de Casa de Piedra, debido -según alegan- a que no cobran la servidumbre. Son los mismos que en enero protagonizaron un hecho similar y fueron desalojados por orden judicial. «No permiten el paso a las áreas de Medanito Sur, Rinconada Norte y Salinas Grandes», confirmó una fuente policial.
De acuerdo a lo visualizado por Radio Génesis, la medida fue tomada por las familias Llantén, Hernández y Martínez. Se trata de una segunda parte de una situación similar planteada en enero donde el juez Héctor Alberto Freigedo, luego de sendas denuncias de Pampetrol y el Ente Provincial de Río Colorado, ordenó la liberación del camino.
No obstante, los mismos protagonistas reiteraron la protesta bloqueando el ingreso de personal petrolero al campo «La Pintada», en el Lote 3. «Hace 9 meses no cumplen con el pago de servidumbre y el cual hemos agotado todos los medios de comunicación para resolver el tema. Nuestra familia se ha visto afectada económicamente y socialmente en esta época de Covid-19 ya que le ley de servidumbre no se ha pagado y por lo cual se le envió una nota al señor gobernador -Sergio Ziliotto- y a empresa Pampetrol sin tener respuestas. El corte es por tiempo indeterminado, hasta que la empresa cumpla con el pago de la servidumbre», indicaron.
No obstante aclararon que no se hacen cargo de los daños ambientales, por posibles derrames, porque «autorizamos a retirar si hubieran equipos camiones y máquinas. También se puede quedar un sereno si hiciera falta. Y están autorizados a pasar la gente idónea o baterista a parar los pozos ya que nosotros somos crianceros».

Guardia policial.
La Unidad Regional IV ya dispuso medidas para preservar cualquier incidente. «Hoy temprano fuimos hasta el lugar y dialogamos con los puesteros. Hay dos cortes que impiden el ingreso a las áreas de Medanito Sur, Rinconada Norte y Salinas Grandes», confirmó el encargado de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, el oficial inspector Hugo Gigena.
«Hasta ahora el tema no está judicializado aunque la fiscal Eugenia Bolzan está en conocimiento de la situación. No hubo hasta el momento denuncia alguna. Se dispuso una guardia en el lugar que en horas de la mañana cumplirá personal de Casa de Piedra y por la tarde agentes de Seguridad Rural», dijo Gigena.

Mediación legal.
El director de Pampetrol, Hugo Pérez, fue consultado ayer por LA ARENA. «Sí, hoy temprano nos avisaron. El tema excede a nuestras posibilidades de resolverlo. Nosotros no definimos quiénes son los superficiarios, eso lo hace el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), quien tiene esas tierras bajo su jurisdicción», explicó.
«Pero la verdad es que la ley es clara: los superficiarios tienen que estar reconocidos por el EPRC, y no es la primera vez que hay problemas con estas familias. Ellos se niegan a reconocer al Ente como autoridad de aplicación y no presentan la documentación correspondiente según la norma. No obstante el área jurídica de Pampetrol está abordando el tema», completó.

Reciente antecedente.
En enero, los mismos puesteros protagonizaron una situación similar. En esa instancia también cortaron el acceso a la misma área que se resolvió vía judicial. Tanto Pampetrol como el EPRC presentaron demandas ante la Justicia, y que el juez Freigedo resolvió ordenando el levantamiento del corte que cumplió personal policial de 25 de Mayo.
Puntualmente, la Justicia se movió con rapidez ante una presentación hecha por el representante legal de la empresa Pampetrol, el abogado José Eduardo Ferrera. Freigedo, ante el requerimiento de la fiscal Paula Soledad Duscher, formalizó la acusación que en ese ámbito llevan adelante contra Héctor Hugo Llantén y otros familiares.
En esa oportunidad, el presidente del EPRC, Enrique Schmidt, explicó la posición de esa entidad. «Nosotros reconocemos a otra persona como permisionario, que es nieto del señor Alejandro Llantén (con permiso de ocupación datado en 1962), a quien se le ha abonado los derechos de servidumbre, pero no reconocemos a esta gente por lo que los consideramos intrusos. Sabemos que hay un juicio civil porque esta gente lo habría echado del campo», aseguró.
«Estimamos que se trata de una maniobra para intentar percibir beneficios por fuera del circuito legal. Le hemos presentado a la fiscal Bolzan la documentación que avala nuestras presunciones», reveló Schmidt.