Advierten por firmas con financieras

El ministro de Gobierno de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, lanzó ayer una importante advertencia que apunta a que los consumidores eviten la firma de documentos con financieras a la hora de acceder, por ejemplo, al financiamiento de un producto. Lo hizo tras conocerse un fallo de la justicia en el que se condenó a dos empresas por incluir en el Veraz a un consumidor por una tarjeta de crédito que nunca tuvo.
«Muchas veces se piensa que el vínculo es con el comercio, pero se terminan adquiriendo tarjetas de crédito que no se pretendían o asumiendo compromisos con empresas financieras mediante intereses costosos», dijo el funcionario al tiempo que recomendó «prestar suma atención a los documentos que se firman para acceder al financiamiento de los productos que se quieren adquirir».
Las declaraciones, difundidas de manera oficial por Casa de Gobierno, fueron expresadas por el ministro pocos días después de conocerse un fallo judicial favorable a un consumidor de la provincia. Se trata de una medida en la que la Justicia condenó a dos empresas que están presentes en la provincia, una de ellas vinculada al sector financiero, a indemnizar a un consumidor local que fue incluido de manera errónea e injustificada en la lista del Veraz por parte de la financiera a raíz de una tarjeta de crédito que nunca recibió ni utilizó.

El caso.

Según explicó Bensusán, además del trámite en la Justicia hay una causa iniciada por la oficina provincial de Defensa del Consumidor en cumplimiento de la ley nacional y adelantó que ese proceso tendrá novedades la semana próxima. La diferencia entre los dos trámites es que el Poder Judicial puede dictar una indemnización para la persona damnificada como sucedió recientemente. Mientras tanto, Defensa del Consumidor tiene la facultad de imponer una multa cuyo monto tiene como destino las arcas de Rentas Generales de la Provincia.
«Cuando hay situaciones de este tipo, la Ley de Defensa del Consumidor establece una instancia de mediación o conciliación, donde denunciante y denunciado pueden arribar a un acuerdo. Si se advierte imposibilidad de llegar a una solución consensuada se realiza un acto administrativo, desde donde puede llegar a salir la sanción, que generalmente es una multa si se considera que se dio una situación fuera de la ley», explicó el ministro.
Asimismo, indicó que se llegó a la condena de las empresas luego que el juez a cargo interpretara que el damnificado «había actuado de buena fe» y que «habría asumido un compromiso sin haber sido debidamente informado».