Cuestionan archivo

Organizaciones académicas, sociales y feministas, junto a integrantes de la comunidad educativa, cuestionaron al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) por archivar un caso de violencia de género donde el denunciado es un decano de la casa de estudios.
A través de un comunicado, señalaron que «desde hace décadas, el movimiento de mujeres y disidencias sexuales de nuestro país tiene como objetivo prioritario visibilizar, denunciar y reparar el impacto negativo que, a nivel individual y social, provoca la violencia de género. Desde una perspectiva feminista, las organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles reclamamos e impulsamos la sanción de normas y la implementación de políticas públicas que permitan deconstruir la matriz patriarcal y misógina que impregna transversalmente tanto los ámbitos institucionales como los pequeños actos cotidianos, en todos los espacios en los que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales».
«Producto de esta lucha que no cesa, logramos la creación de dispositivos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, aunque pusimos en agenda la problemática de la violencia sexista, ha quedado en evidencia la resistencia de algunos sectores que ven amenazados sus históricos privilegios hegemónicos», agregaron.

Protocolo
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En otro párrafo del documento recordaron que la UNLPam «sancionó en el 2017 el Protocolo de Intervención en situaciones de violencia y, desde el 2018, cuenta con una comisión para su aplicación». En ese marco, cuestionaron: «Con un total de 13 legajos llevados adelante por las integrantes de la primera comisión de aplicación, el Consejo Superior decide archivar, por primera vez, un caso de violencia ocurrido en el seno del Consejo Superior que involucra a un decano de la Universidad contra una consejera docente».
«Esta decisión deliberada de protegerlo impidió también que el Consejo Superior tratara el tema. De esta manera, se desvirtúa la existencia misma del protocolo de intervención y se quita confianza y credibilidad en el uso de la herramienta para quienes, a futuro, necesiten denunciar situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Este accionar coloca a la UNLPam en una posición de connivencia con situaciones violentas que suceden en otros ámbitos públicos y privados donde priman relaciones de poder y de opresión basadas en el género», sostuvieron.
«En consecuencia, denunciamos las irregularidades en los órganos de decisión institucional, que utilizan el oscurantismo burocrático para sus propios fines; la hipocresía que supone tornar no operativos los dispositivos creados para la protección de mujeres, trans, travestis e identidades no binaries y alertamos que tales prácticas atentan contra la vigencia del Estado de Derecho. Lo acontecido evidencia la falta de compromiso de las autoridades que deben velar por el cumplimiento del marco jurídico constitucional vigente», completaron.