Aksa: disponen arresto domiciliario para representantes

La Justicia provincial dispuso el arresto domiciliario de los representantes de la constructora AKSA SAS, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz. La medida implica un "monitoreo electrónico" y, en caso de no ser posible, a través de una concurrencia policial diaria.

Según el escrito al que accedió LA ARENA, y que llegó a manos de los damnificados, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) hizo lugar "parcialmente" al recurso de impugnación que interpuso el pasado 3 de abril por el abogado patrocinante de los querellantes particulares, Álvaro Carlos Ruggiero. De esta manera, se revocó "en forma parcial la resolución dictada por el Juez de Control de la Primera Circunscripción Judicial, en la audiencia de Formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria de fecha 31 de marzo de 2025".

A su vez, dispuso el "arresto domiciliario de Andrada y Krenz con monitoreo electrónico a cargo del Cecom, o en caso de no ser ello factible, con concurrencia policial diaria al domicilio de los imputados, hasta la finalización del proceso". Finalmente, solicitó poner "en conocimiento del señor Juez de Control interviniente lo aquí resuelto, quien deberá proceder a tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido".

Planteo.

En la presentación, Alvaro Ruggiero había expresado que "la resolución impugnada carece por completo de motivación jurídica y fáctica, pues no brinda explicación alguna respecto de por qué se rechaza la medida de coerción solicitada". En la impugnación, según el escrito, planteó que "los imputados no solo están formalizados por quince (15) hechos de Estafa, sino que continuaron delinquiendo mientras estaban sometidos a medidas sustitutivas y, además, desplegaron conductas concretas destinadas a amedrentar a las víctimas y obstaculizar el proceso penal. Estas situaciones prueban la voluntad deliberada de los imputados de impedir el avance del proceso penal, configurando un riesgo procesal concreto y actual".

El peligro de fuga, argumentó, está "plenamente acreditado por las siguientes circunstancias: Luciano Andrada ha residido en el exterior, no entregaron sus pasaportes, alegando extravío pese a la orden judicial, han acumulado a través del delito sumas millonarias, no poseen trabajo registrado ni arraigo económico".

Ante esto, pidió que "se revoque la resolución de fecha 31 de marzo de 2025 y se ordene la prisión preventiva inmediata de Luciano Andrada y Daiana Krenz, y, subsidiariamente, se disponga su arresto domiciliario con monitoreo electrónico del Cecom".

El fallo añade que "es indudable que, de las constancias obrantes en los legajos surge de las manifestaciones de los acusadores (Ministerio Publico Fiscal y Querellantes) que 'en principio' ha existido una serie de maniobras por parte de los imputados que constituirían un accionar encuadrado en la figura por la cual se les ha formalizado la investigación fiscal preparatoria. Esta situación crea una seria posibilidad de que, si los imputados se encuentran en libertad puedan tratar de evitar el accionar judicial, por lo que se deben tomar medidas para evitar, sin lugar a dudas, esa posibilidad. A criterio del suscripto la medida principal solicitada por el recurrente (prisión preventiva de efectivo cumplimiento) resulta excesiva en esta instancia, pero sí corresponde la aplicación de la medida sustitutiva de Arresto Domiciliario de ambos imputado, con monitoreo electrónico a cargo del Cecom, hasta la finalización del proceso. Y para el hipotético caso de no ser factible dicho monitoreo electrónico, por no existir disponibilidad de tobilleras electrónicas, y hasta tanto sea posible contar con las mismas, se disponga dicho arresto con control policial diario al domicilio de los imputados".

Audiencia.

La semana pasada, LA ARENA informó que el 31 de marzo los representantes de la constructora enfrentaron una nueva audiencia por el delito de estafa. Fueron formalizados por otros cuatro hechos nuevos cuando la querella ya está compuesta por 11 víctimas y representada por el abogado Alvaro Ruggiero.

Fuentes ligadas a la investigación informaron que durante la audiencia del lunes, la querella solicitó la prisión preventiva (los acusados se encuentran en libertad) alegando obstaculización del proceso, continuidad del delito, peligro para la sociedad al considerar a los imputados como “estafadores seriales” y peligro de fuga porque Andrada vivió en el exterior. Para ello, tuvo en cuenta que la expectativa de pena es de seis años y que el imputado obtuvo, “de forma fraudulenta”, una buena suma de dinero.

El juez Néstor Ralli no hizo lugar a los planteos de la querella, aunque amplió las medidas sustitutas de la prisión preventiva a restricción de acercamiento respecto de todos los denunciantes. Las fuentes consultadas señalaron que las víctimas “se fueron de la audiencia con un sabor amargo” porque querían tener la tranquilidad de que Andrada y Krenz “no sigan estafando”. Cabe destacar que ambos no entregaron los pasaportes y adujeron que “los habían perdido”.