Allanaron a la CCC y al Movimiento Evita

La Justicia Federal de Santa Rosa realizó este jueves por la mañana múltiples allanamientos en la sede de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y en la del Movimiento Evita, además de los domicilios particulares de algunos referentes de esos movimientos sociales, en el marco de una causa que se inició en 2019 por “averiguación de delitos, documentación de planes sociales”. Hay siete imputados en el expediente.

La orden para hacer los allanamientos por parte de agentes de la PFA surgió del Juzgado Federal de Santa Rosa. La denuncia se había iniciado durante la gestión del macrismo a partir de una presentación de Marcelo Campanella, que integraba la estructura en ese entonces del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La presentación fue realizada el 23 de agosto de 2019 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 de Capital Federal. En la presentación, desde la Coordinación de Integración Infológica para Programas de la Economía Social, se aducían “dos reportes de irregularidades” vinculados al programa Proyectos Productivos Comunitarios “ya que se exigía un 30 por ciento de lo que producían”; además de “exigencias de un pago mensual de una suma de dinero. Además, por medio de amenazas de dar de baja el programa les exigen asistencias a movilizaciones”.

Allanamientos.

"Se trata de una causa antigua, del 2019", señalaron fuentes judiciales consultadas por LA ARENA, que fue girada al Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric. "Vino de vuelta por incompetencia e involucra a todos los temas vinculados con proyectos productivos comunitarios a cuyos beneficiarios se les exigía un porcentaje de dinero de lo que trabajaban, entre otras cuestiones", precisaron.

El expediente fue derivado a la Fiscalía Federal, a cargo de Iara Silvestre, que avanzó en la investigación con la toma de declaraciones. "Ahí aparecen, después de tomar unas cuantas testimoniales, coincidencias y los nombres de los imputados", sostuvieron. En total, las personas imputadas son siete.

Ante esto, y luego de recabar mayor información sobre los programas sociales, se solicitaron una serie de allanamientos que se concretaron ayer en búsqueda de documentación. En ese marco, se secuestraron "básicamente computadoras, teléfonos celulares, documentación y pendrives". Esa información ahora será cotejada para confirmar o no la existencia de un delito.

Los operativos, a cargo de la Policía Federal, se hicieron de forma coordinada en la sede de la CCC, en la calle Maestros Puntanos 2531; y en la del Movimiento Evita, ubicada en Alan Kardec 1715. Los procedimientos se extendieron a casas particulares, como la del líder de la CCC, Walter Brandimarte.

“Esto se inscribe dentro de una embestida política, que claramente se da luego de los resultados de la elección. La causa estaba dormida y justo se activa ahora, la ultraderecha se siente envalentonada y entonces van contra las organizaciones sociales y los sindicatos. Lo que buscan son listas de altas y bajas, pero esto es muy claro de dónde viene. Hemos sido muy críticos con la ultraderecha y ahora reflotan esta causa, que está presentada contra mí y por eso fueron a mi casa y también a lo de una compañera que no sé por qué la involucran”, lamentó Brandimarte al ser consultado.

"Una estrategia de persecución".

Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) repudiaron los allanamientos que sufrieron ayer las sedes de las organizaciones sociales. "Es una estrategia de persecución política", advirtieron.

"En el día de hoy (por ayer) se realizaron allanamientos al local de la CCC de La Pampa, al domicilio particular de la secretaria general de ATE y CTA, al domicilio de la dirigente del Movimiento de Pueblos y Naciones Originarias de la CCC y a otras organizaciones", señalaron. En esa línea, explicaron que los operativos, "irregulares y desmedidos en su despliegue", fueron ejecutados bajo la carátula de “averiguación de delito” con "la excusa de buscar irregularidades en la administración de programas sociales".

A su vez, afirmaron que se violó la "presunción de inocencia, sin siquiera especificar de qué se acusa secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que nada tienen que ver con la causa que alegan y ni siquiera figuran en las órdenes de allanamiento".

Desde el partido consideraron que "es una estrategia de persecución política que busca desarticular las organizaciones sociales y sindicales que han estado al frente de las luchas populares en todo este período. Es evidente que esta orden de allanamiento, emitida por el juez federal Juan José Baric en el marco de una causa iniciada en el gobierno de Macri, se reactiva a partir de los resultados electorales. Es el mismo juez implicado públicamente en escándalos de espionaje y persecución a dirigentes opositores incluso desde que ocupaba un cargo en el gobierno de María Eugenia Vidal".

Herramientas represivas.

Por otro lado, advirtieron que "la coalición Milei-Macri ya está preparando las herramientas represivas para imponer una brutal política de ajuste, entrega y destrucción del patrimonio nacional. Pretenden amedrentar a quienes han estado a la cabeza de los reclamos populares".

"No van a callar nuestras voces ni lograrán destruir una organización como la CCC que tiene décadas de compromiso en la lucha por una Argentina libre, justa y soberana. Desde el PTP-PCR nos solidarizamos con las organizaciones que han sido víctimas de estos ataques y hacemos un llamado a todas las fuerzas patrióticas y democráticas a cerrar filas para evitar que se profundicen estas políticas represivas", concluyeron.