“Asumir control de productos”

Mientras se sustancian medidas judiciales en tribunales federales, la provincia de Santa Cruz ya implementó su propia barrera sanitaria.

 

Las provincias al sur del río Colorado no se resignan a la eliminación de la barrera fitosanitaria y avanzan con distintas medidas destinadas a mantener las restricciones a productos provenientes de jurisdicciones norteñas.

 

Mientras elaboran diferentes presentaciones judiciales en tribunales federales, Santa Cruz implementó su propia barrera mediante una ley provincial. Además, el gobierno de Río Negro informó que al mismo tiempo que asumirán el “control logístico y operativo” de los puestos que atendía el Senasa, pretenden “definir y aplicar los criterios sanitarios para la entrada y salida de mercaderías”.

 

La semana pasada, en declaraciones a periodistas que cubrían la Expo Rural de Choele Choel, el ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que están “negociando con autoridades nacionales” la posibilidad de “asumir el control sanitario de los productos que ingresan y egresan de la región”. Según el funcionario rionegrino, “hay una oportunidad para que la Norpatagonia, junto al resto de las provincias de la región, tome el control del estatus sanitario y empiece a jugar mucho más fuerte en ese sentido”.

 

Los funcionarios nacionales “entienden claramente que, por tener un estatus sanitario diferencial que recorre cinco provincias, podríamos estar en condiciones de tomar esa posta a través de la Fundación Barrera Patagónica, y volver a controlar nuestro estatus sanitario, lo cual también abriría las puertas a mejorar la eficiencia de esos controles”.

 

Cambiando el nombre.

 

El ministro también aclaró que no sería acertado seguir utilizando el término “barrera sanitaria” y propuso cambiarlo por “estatus sanitario”, concepto que asoció a la búsqueda de “uniformidad de criterios, contemplando entre ellos los de países que compran la producción patagónica, tanto de carnes como de frutas y verduras”. “La palabra ‘barrera’ condiciona mucho y confunde el mensaje, porque las personas la toman literalmente y piensan que no hay ingresos”, explicó.

 

Según Banacloy “el término literal barrera no existe: es un estatus sanitario y para garantizarlo debemos controlar el ingreso y egreso de productos”. Y consideró que la definición y el control de los criterios deberían estar en manos de “la Fundación Barrera Sanitaria (Funbapa), que es propiedad de las provincias y las instituciones, incluyendo la Sociedad Rural y la Federación de Productores de Fruta”.

 

Una barrera propia.

 

La Resolución 460/2025, que flexibilizó la barrera sanitaria y habilitó el ingreso de carne con hueso plano al sur del río Colorado, comenzó a regir el 27 de junio. Una semana después, la Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad y sobre tablas la Ley 3945 “Marco Legal Control Fitosanitario” que implementa una “barrera sanitaria provincial”, destinada a contrarrestar los efectos de la medida adoptada por el Senasa.

 

El texto, impulsado por el diputado Mario Piero Boffi, establece un marco legal para controlar el ingreso de productos agropecuarios, animales en pie y subproductos, y faculta al gobierno provincial para definir medidas de restricción o impedimento en accesos terrestres, aéreos y marítimos. En términos prácticos, la autoridad de aplicación queda facultada para establecer puestos sanitarios fijos o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras, destinados a impedir el ingreso de productos que carezcan de certificaciones sanitarias compatibles con los estándares provinciales.

 

La norma también invita a las restantes provincias a sancionar medidas similares y advierte la necesidad de conformar un frente regional para evitar que la resolución de Senasa ponga “en serio riesgo el estatus patagónico y ocasione una eventual pérdida de mercados históricos para la exportación”. Con la promulgación de esta ley, el 19 de agosto Santa Cruz se convirtió en la primera jurisdicción patagónica que implementa una legislación propia para “proteger su estatus sanitario”.

 

Acciones judiciales.

 

Tras la publicación de la Resolución 460/2025 del Senasa, las entidades rurales promovieron inmediatamente acciones de amparo y medidas cautelares en la justicia para frenar su vigencia. Una presentación que tuvo rápida resolución fue la cautelar solicitada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego: el 23 de agosto la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, resolvió suspender por 30 días la aplicación de la resolución en esa provincia.

 

En cambio, una acción presentada por la Federación de Sociedades Rurales de Chubut fue rechazada por Eva Parcio, jueza federal de Comodoro Rivadavia. La entidad había solicitado que se declarase nula la Resolución 460 del Senasa , pero la magistrada consideró “inadmisible” tal pretensión, porque reinstalar la barrera significaría resolver sobre la cuestión de fondo. Además, aclaró que tampoco existe un daño irreparable.

 

Otra acción que despertó controversia en el fuero federal fue presentada por el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Enrique Jamieson. El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez,Gallegos rechazó el planteo sin analizar la cuestión, argumentando que Jamieson no era representante legítimo de la FIAS. La entidad apeló la medida ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que el viernes pasado revocó el fallo de primera instancia y advirtió que Jamieson está legitimado para representar a la FIAS. El nuevo fallo ordena continuar el proceso y otorga un plazo de diez días a la entidad agropecuaria para completar un requisito formal: la inscripción registral del acta de la asamblea que lo designó presidente. Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez explicaron que tras la renuncia del presidente, Jamieson (quien originalmente había sido electo vicepresidente) asumió automáticamente el cargo, de acuerdo a la Carta Orgánica de la FIAS.