Fiscales con mentalidad de inquisidores en Pico

Los fiscales de General Pico continúan con su caza de brujas en una causa que ni siquiera debió ser iniciada. El ensañamiento contra la docente Ana Contreras desafía toda lógica judicial democrática.

 

SERGIO SANTESTEBAN

 

Hace pocos días LA ARENA informó que fiscales de la ciudad de General Pico apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo absolutorio del Superior Tribunal pampeano sobre la docente Ana Contreras. Pareciera que ese expediente judicial estuviera condenado a mostrarnos la cara más oscura de un Poder del Estado que, en ocasiones, tiende a actuar con la lógica de un tribunal de la inquisición.

 

Que una causa judicial se haya iniciado por los dichos de una docente en un aula ya presenta un aroma muy feo. Que además de tramitar la causa el juez de primera instancia proceda a condenar a la docente nos habla de un retroceso a tiempos oscuros en los que se penaba el delito de opinión. Que quede claro que no estamos frente a injurias o calumnias sino a un debate generado en una clase en donde se estaba abordando el tema de los derechos humanos y el terrorismo de Estado.

 

Genocidio comprobado.

 

Hoy ha quedado acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas que el Estado de Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Así concluyó el reciente informe de la Comisión Internacional Independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, expresó en sus conclusiones.

 

En tanto la Corte Penal Internacional ha pedido el arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte mencionó entre los delitos cometidos: “hacer morir de hambre como método de guerra” y llevar a cabo “asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

 

En todo el mundo hay movilizaciones multitudinarias y pronunciamientos de la comunidad internacional condenando las atrocidades que están llevando a cabo las fuerzas armadas israelíes en el territorio gazatí. Los medios informan a diario de asesinatos de niños, bombardeos a escuelas, hospitales, iglesias, tiendas de campaña donde habitan refugiados... La muerte masiva y sin precedentes de periodistas es otro de los actos atroces que viene cometiendo Israel.

 

Una pregunta.

 

La materia que dicta Ana Contreras en un colegio secundario de General Pico se llama “Construcción de la ciudadanía”, y el tema que se estaba abordando en el aula era, como se dijo, derechos humanos y terrorismo de Estado. En un momento de la clase la docente fue objeto de la pregunta de una de las alumnas sobre el conflicto israelí-palestino y en su respuesta lo encuadró en la categoría de “genocidio”, una apreciación que de ninguna manera puede considerarse arbitraria u ofensiva, de acuerdo a los antecedentes que acabamos de citar. Pero la familia de la alumna, de origen judío, consideró la intervención de la profesora como “maltrato psíquico” y presentó directamente una denuncia judicial. Así, un tema que debió ser debatido y resuelto en el ámbito escolar se convirtió en un expediente en los tribunales, una absurdo institucional por donde se lo mire. Tanto los fiscales que impulsaron la causa como el juez que aceptó su tramitación y llegó a una sentencia condenatoria nos retrotraen al medioevo, o a la última dictadura cívico-militar, tiempos oscuros en los que hablar y expresar las ideas era peligroso.

 

En segunda instancia el Tribunal de Impugnación Penal puso las cosas en su lugar revocando el fallo condenatorio del juez y descartando “intención dolosa de producir un daño psicológico a la alumna”. El caso debió de haber concluido allí, pero el fiscal resolvió apelar ante el Superior Tribunal de Justicia. En esta nueva instancia llegó la segunda absolución de Contreras en una sentencia que confirmó lo resuelto por el TIP.

 

Ensañamiento.

 

Todo indicaba que el caso había concluido, que el afán punitivo de convertir en una investigación judicial una exposición escolar había llegado a su término. Pero no fue así. Con un ensañamiento digno de mejor causa el fiscal de General Pico, con el respaldo del fiscal general, decidió llevar el caso nada menos que ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

¿Tan faltos de trabajo están en las fiscalías de General Pico? ¿Tanto tiempo y recursos disponibles para seguir abocados a este dislate? ¿No hay investigaciones mucho más perentorias y graves que ésta de perseguir a una docente hasta el máximo tribunal del país? ¿O se está en presencia de otra cosa? ¿Algún afán de notoriedad, quizás? ¿Alguna aspiración a quedar bien con círculos poderosos? ¿Los fiscales piquenses están pensando en algún tipo de reconocimiento por sus “servicios prestados” a alguna “causa” ajena a la de prestar el servicio de justicia? ¿O están buscando generar temor o disciplinamiento en el ámbito de la educación?

 

Estas y otras preguntas no son ociosas. Por el contrario, son muy pertinentes porque provoca enorme desconcierto este desborde persecutorio, no contra un delincuente peligroso sino contra una docente que habló en el aula sobre un asunto de su estricta incumbencia curricular.

 

El trámite está ahora a consideración del STJ. Es de aguardar que sus integrantes pongan las cosas en su lugar y corten de raíz esto que se parece mucho más a una vendetta ideológica, a una caza de brujas, que a una búsqueda de “dar a cada uno lo suyo”, tal lo que se espera de la institución judicial.