Benefician a cultivador con prisión domiciliaria

Tras pasar más de dos meses preso en una celda, Matías Yamil George retornó el miércoles a su hogar en Santa Rosa, donde deberá cumplir arresto domiciliario hasta el inicio del juicio oral por tráfico de estupefacientes. Había sido detenido en el Puesto Caminero de Realicó el 12 de enero, mientras circulaba por la ruta nacional 35 con más de tres kilos de flores de marihuana, destinadas a la elaboración de aceite de cannabis, según declaró ante el juez federal Juan José Baric.

 

Luego de escuchar su indagatoria, el magistrado lo procesó por "infracción al artículo 5, inciso c, de la Ley 23737" y rechazó su excarcelación bajo ningún tipo de caución. Baric interpretó que el monto de una eventual condena podría inducirlo a fugarse y que haber declarado un domicilio distinto a su residencia real evidenciaba intenciones de entorpecer la investigación, entre otras consideraciones.

 

Su abogado defensor, Fernando Gutiérrez, interpuso un recurso de apelación ante la cámara bahiense, cuestionando aquella resolución y reiterando su pedido de liberación. Aclaró que George no es narcotraficante sino un cultivador solidario registrado en el Reprocann, dedicado a la producción de aceite medicinal, actividad que desarrolla en forma pública. Recordó que entregó voluntariamente la flores y se sometió a la indagatoria, "donde brindó una clase magistral sobre cannabis medicinal y ofreció detalles y precisiones vinculadas a su imputación".

 

También explicó que al ser detenido informó un domicilio equivocado, con la convicción de que esa dirección (la vivienda de sus padres, donde se crió) figuraba en su DNI, olvidando que había renovado ese documento poco antes.

 

Por mayoría.

 

Al evaluar la apelación, el camarista Pablo Candisano Mera adhirió a los argumentos del juez Baric. Consideró que "existe peligro de fuga porque el delito atribuido no autoriza una eventual condena de ejecución condicional y tanto el máximo como el mínimo de pena previstos serán de cumplimiento efectivo", agregó que "quedan pendientes algunas medidas de prueba" y opinó que "el tiempo que lleva detenido no puede considerarse excesivo".

 

También contempló "la magnitud del material estupefaciente secuestrado, que denota la peligrosidad de su actividad"; advirtió que "la mayor cantidad de droga fue hallada en su domicilio, evidenciando que desplegaba una actividad ilícita desde la propia casa", y concluyó que esta conducta "se encontraría prima facie al margen de la legalidad". Por eso, votó por rechazar la apelación.

 

Pero la jueza Silvia Mónica Fariña formuló una interpretación distinta. Dijo que "para evaluar peligro de fuga debe tenerse en cuenta el arraigo, circunstancias y naturaleza del hecho, junto al comportamiento del imputado", en tanto que para definir un posible "entorpecimiento de la investigación deberían existir indicios que justifiquen una grave sospecha de que podrá incidir sobre elementos de prueba, intentará asegurar provecho del delito o continuar su ejecución, hostigará o amenazará a la víctima o a testigos o podrá influir sobre ellos".

 

Para Fariña, nada indica que George "pretenda eludir el llamado de la justicia o entorpecer una investigación próxima a concluir", porque siempre se mostró "predispuesto a colaborar con policías y autoridades judiciales, y entregó voluntariamente" los cogollos. Además, "quedó comprobado su lugar de residencia porque, si bien en un principio denunció un domicilio incorrecto, se debió a un error involuntario que fue subsanado en la indagatoria". Finalmente, valoró que no registra antecedentes penales y votó a favor de "disponer arresto domiciliario, dejando a cargo del juzgado de primera instancia la designación de una persona encargada de su custodia y los informes ambientales del domicilio donde cumplirá el arresto".

 

El tercer miembro del tribunal, Pablo Esteban Larriera, resolvió adherir al voto de Fariña, otorgando mayoría para revocar parcialmente la prisión preventiva y convertirla en prisión domiciliaria.

 

FOTO: JUAN JOSE BARIC.