Buscan borrar conquistas históricas

IRINA SANTESTEBAN

En medio de la ofensiva más cruel contra los derechos laborales, sociales, económicos, humanos y un largo etcétera, el gobierno volvió a ganar un punto con el reciente fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que le otorgó “efecto suspensivo” al recurso presentado por el gobierno nacional, contra el fallo del juez Ojeda, que había acogido la medida cautelar presentada por la CGT contra la ley 27.802, de “modernización” laboral, que en criollo es más esclavitud y menos derechos laborales.

Reforma esclavista.
La reforma no es “moderna”. La ampliación de los períodos de prueba permite despidos sin costo durante lapsos más extensos; la reducción de indemnizaciones -excluyendo componentes salariales clave- abarata esos despidos; el “banco de horas” licúa el pago de extras; la flexibilización de la negociación colectiva (habilitando convenios por empresa y hasta “individuales”) destruye los convenios sectoriales; y la ampliación de las “actividades esenciales” restringe el derecho de huelga, obligando a mantener hasta el 75 por ciento del personal en actividad, lo que hace inocua cualquier medida de acción directa. En paralelo, se introducen mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que trasladan al propio trabajador el financiamiento de su eventual despido. Es desprotección. Y destrucción del principio rector del Derecho Laboral -“in dubio pro operari” -, cuyo significado es que, ante la duda, los tribunales tienen que estar a favor del trabajador o trabajadora.

Más amparos que lucha.
La dirigencia de la CGT no es capaz -porque no quiere- de conducir la resistencia contra un modelo que hace más de dos años se está llevando puestas las conquistas del movimiento obrero, que en otros tiempos fue ejemplo para la clase trabajadora mundial.
Durante gobiernos anteriores -el menemismo y el macrismo, por ejemplo– hubo intentos de cercenar derechos laborales, pero esta ley es la mayor aspiración de los grupos monopólicos, que para mantener sus ya grandes ganancias, se niegan a reconocer el trabajo que produce la riqueza que ellos disfrutan, y pretenden una mano de obra barata y descartable.
En otras épocas, la resistencia obrera hubiera frenado o puesto obstáculos serios a semejante ofensiva del gobierno y sus aliados políticos y patronales, pero hoy soplan otros vientos en el edificio de Azopardo 802. Esa sede fue históricamente conciliadora, por eso surgieron otras centrales más combativas como la CGT de los Argentinos, bajo la dirección del gráfico Raymundo Ongaro, que tenía entre sus asesores a Rodolfo Walsh. Fue esa central obrera y no la que anidaba en Azopardo, la que dio vida al Programa del 1 de Mayo de 1968, que a 58 años sigue teniendo vigencia en muchas de sus reivindicaciones obreras y políticas.
Esa pasividad se evidencia en cada instancia. Fue muy floja la convocatoria de la CGT durante el tratamiento de la ley en el Congreso y ahora, ya aprobada, apuesta a la vía judicial, como si se pudiera confiar en el Poder Judicial, que salvo pocas excepciones, y desde la instancia máxima de la Corte Suprema de (In)Justicia, hoy se inclina a favor del gobierno.
El fallo del juez Ojeda fue un alivio porque, aunque no se pronunció sobre el fondo del amparo presentado -la inconstitucionalidad de la ley 27.802- sí dictó una medida cautelar, mediante la cual se suspendió la vigencia de 82 artículos de esa ley. Pero el gobierno apeló y rápidamente la Cámara de Apelaciones del Trabajo le dio la razón y revirtió esa suspensión, otorgando “efecto devolutivo” a la cautelar. La ley de Esclavitud Laboral vuelve a estar vigente, y por ende, todas sus normas relativas a indemnizaciones, jornada laboral, paritarias, restricción del derecho de huelga, ataque a las organizaciones sindicales, etc. son de plena aplicación.
¿Qué hizo la CGT? Sigue esperanzada en el camino judicial, y apuesta a la resolución de fondo: que algún juez o Tribunal resuelva que esa ley es inconstitucional. Con lo cual deja muy tranquilo al gobierno, que sabe que en última instancia, la Corte Suprema de (In)Justicia resolverá a favor suyo.

Jueces cómplices.
La decisión de la Cámara fue suscripta por dos jueces: Víctor Pesino y María Dora González, con la cual se habilitó que la ley rija plenamente mientras se discute su constitucionalidad. Al día siguiente del fallo, el gobierno envió al Senado un pedido para que Pesino continúe como juez cinco años más, a pesar que está por cumplir 75 años, la edad máxima que permite la Constitución Nacional. ¡Y todo lo hacen en nombre de “la moral”! 
Por esa razón, el abogado de la CGT, el pampeano Pablo Topet, presentó la recusación contra los dos jueces. "La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva", dice la presentación de la central obrera (Clarín, 27/04/2026).
Además, el pedido del gobierno para que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo y salga del fuero laboral, siempre más permeable a la defensa de derechos, es otra manipulación de la Justicia. Hace más de una década, la ex presidenta Cristina Kirchner hizo un moderado intento de democratizar el Poder Judicial, con proyectos de ley que fueron rechazados por la Corte Suprema. Esos proyectos tuvieron una gran oposición en sectores empresarios y políticos de derecha, los mismos que hoy aplauden la ley que cercena derechos laborales y no se escandalizan por la actuación de jueces que aceptan “favores” del poder político.

Endeudados.
En este contexto, el endeudamiento de los hogares dejó de ser una herramienta para compras de electrodomésticos, viajes o incluso un automóvil. Pasó a ser un recurso de subsistencia, con familias que cada vez más recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales o aplicaciones financieras para comprar alimentos. Los niveles de mora -10% en el sistema bancario y hasta 25% en el no bancario- revelan un esquema insostenible. Se trata de una economía que empuja a la población a financiar su propia supervivencia a tasas usurarias.

Tensión.
Mientras en el Palacio las cosas se ven turbias, en la Calle se transita una tensa calma. ¿Será la que anticipa la “tormenta”? No es seguro, pero los datos de la economía, que ya no pueden ocultar ni los periodistas amigos de Milei, confirman que el ajuste no es una crítica de “los zurdos”, sino una experiencia cotidiana para millones.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) son elocuentes: en poco más de dos años se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo registrados, con un promedio de 400 nuevos desempleados por día y el cierre de más de 22 mil empresas. El desempleo trepó al 7,5% a nivel nacional y supera el 9% en los principales centros urbanos. Pero incluso esas cifras no alcanzan a dimensionar la magnitud del problema si se considera que el trabajo informal ya abarca al 43% de la población económicamente activa.
El salario sigue en declive, con paritarias que vienen cerrando sistemáticamente por debajo de la inflación -una inflación que, además, subestima el impacto real del costo de vida al no reflejar adecuadamente el peso creciente de tarifas, transporte y servicios-. Mientras en lo que va del año, los aumentos salariales promedian el 2 por ciento mensual, el índice inflacionario que ronda o supera el 3%, consolida una caída sostenida de los ingresos de las familias. El Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en 328.400 pesos, no alcanza siquiera a cubrir una cuarta parte de la canasta básica total, estimada en torno a 1,4 millón de pesos. Tener empleo registrado no garantiza salir de la pobreza.
En este contexto se explican los 92 conflictos laborales que el CEPA analiza en sus informes, algunos de los cuales han sido desactivados pero no siempre por haber aceptado sus justas demandas. El caso de la docencia es similar en todas las provincias, con salarios muy por debajo de la pobreza, que obliga a esos trabajadores de la educación a tener otros ingresos, la mayoría precarios, como trabajar de chofer de aplicaciones. Muchos trabajadores estatales alcanzan un segundo ingreso con emprendimientos o ventas de todo tipo de productos.
El conflicto en las Universidades públicas es otro de los focos de tensión, pues el gobierno no cumple con la ley de Financiamiento que fue ratificada por las dos Cámaras luego del veto presidencial. Y hasta hay fallos judiciales que obligan al gobierno al cumplimiento de esa norma, que Milei continúa desoyendo, proclamando orgulloso que “no va a moverse un milímetro” de su modelo, que es ajuste y represión. 

Palos y gases.
Los jubilados siguen reclamando por una mejora en sus magros haberes, y la respuesta es sistemática cada miércoles: palos, gases y detenciones. Milton Tolomeo y Eneas Gallo están detenidos en cárceles de máxima seguridad por el solo hecho de participar de esas movilizaciones, acusados de “terrorismo”. Sus condiciones de detención son dignas de un campo de concentración estilo Guantánamo. No es una realidad distópica, es la Argentina de 2026.
La pérdida de apoyo social, el deterioro notorio de las condiciones de vida y la multiplicación de conflictos, configuran un escenario muy conflictivo. Nuestra historia nos ofrece múltiples ejemplos de procesos de ajuste y pobreza que encontraron su límite en la reacción popular, como fue en diciembre de 2001.