“Contexto de deshumanización absoluta”

Milei planea eliminar un tercio de las pensiones por invalidez para ahorrar 900 mil millones de pesos. “No están mal las auditorías, el problema es que sea en con argumentos falsos”, planteó Bersanelli.

 

“Es una práctica tradicional de la derecha que ya fue ejercida por Mauricio Macri y cuando fue presentado el proyecto de Presupuesto 2025 (nunca tratado en el Congreso) denunciamos que proponía una quita descomunal de pensiones por discapacidad”, advirtió Silvia Bersanelli, ex titular de la extinta Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis).

 

Consultada desde Radio Noticias (FM 99.5) sobre el plan para eliminar un tercio de los beneficios, argumentando que fueron mal entregados, recordó que “siempre usan algún argumento y ahora dicen que hubo irregularidades al otorgarlas”. Según Bersanelli, “no está mal que hagan auditorías, el problema es que las organizaron en un contexto de deshumanización absoluta: en un principio los citaban a Buenos Aires y quien no se presentaba la perdía automáticamente, y presentaron argumentos falsos como aquella radiografía de la cadera de un perro, caso que finalmente fue totalmente desmentido”.

 

“Despropósito”.

 

Desde la Casa Rosada planean quitarle la pensión por invalidez a unas 400 mil personas (un tercio de los beneficiarios actuales), con lo cual Javier Milei logrará asegurarse un recorte de 900 mil millones de pesos para fin de año. El pretexto son supuestas “irregularidades” en el proceso de entrega durante la gestión anterior, pero solo la mitad de los auditados recibió la notificación para evaluarse enviada por la Andis. Aunque un recurso de amparo intenta frenar el proceso, el Ejecutivo está decidido a continuar este capítulo de la motosierra.

 

“Macri ya lo hizo, cuando quitó 200 mil pensiones. El problema se agrava porque tampoco aumentan las prestaciones y se reducen servicios de rehabilitación, terapias y prestadores como fonoaudiólogos y psicopedagogos, a pesar de estar garantizados por la Ley 24901”, alertó Bersanelli. En ese contexto “hay un retroceso del 64% en los montos destinados a esos servicios”, añadió.

 

La Andis está dirigida actualmente por Diego Spagnuolo, un penalista que fue abogado personal del Presidente. “Claramente podría existir alguna persona que mienta para obtener el beneficio y no estamos exentos de que se haya entregado mal alguna pensión, pero pretender que 400 mil personas fingieron una discapacidad y obtuvieron una pensión es un despropósito total”, porque el otorgamiento del beneficio atraviesa un proceso bastante riguroso.

 

Asignación universal.

 

Bersanelli recordó que para acceder a una pensión por invalidez “se requiere un certificado médico obligatorio”, por lo cual resultaría inverosímil “que haya 400 mil pensiones mal entregadas, como sospecha” el gobierno. En realidad, ese tipo de sospecha “tiene una matriz ideológica, por parte de quienes no creen que alguien pueda tener una disminución funcional que no le permite trabajar o realizar determinadas acciones”, y aclaró que “en todo el mundo está reconocido que un niño o niña con discapacidad genera al menos un 30% más de gastos a cualquier familia”.

 

Bersaneli comparó la situación con “la práctica elegida por el nazismo, que implementó una operación específica identificada como E-4, para aniquilar a las personas con discapacidad y evitar esos gastos”. Y reiteró que “son prácticas habituales de la derecha: lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, los gobiernos de derecha en Reino unido y ahora lo quiere implementar Javier Milei” en la Argentina.

 

Protesta.

 

Ante esta problemática, prestadores y familias protagonizarán mañana una marcha de protesta frente al Congreso, donde exigirán la aprobación de un proyecto de ley que declara la emergencia en el sector. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo y que espera dictamen en la Comisión de Presupuesto, propone reasignar partidas para prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, asfixiados por el ajuste.

 

“En el Congreso también está demorado el proyecto de ley para otorgar una Asignación Universal por Discapacidad, mecanismo que obviaría este triste cuestionamiento a las pensiones y subsanaría la problemática”, recordó Bersanelli. “Pero si busca eliminar las pensiones y no acepta implementar una asignación universal, entonces lo que el Estado no quiere es otorgar recursos para poder implementar su ajuste, ya que al gobierno le da igual si quienes lo padecen son jubilados, discapacitados o asalariados que no llegan a fin de mes”.